Con esta normativa y dentro de sus competencias el Ejecutivo autonómico «garantizará su modelo de enseñanza amenazado por la estatal LOMLOE»
La Asamblea regional de Madrid ha aprobado la nueva Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa. La normativa entrará en vigor en los próximos días tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid –BOCM- y estará operativa para este curso escolar 2021/22. El texto, según el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, «garantiza los pilares básicos del sistema educativo madrileño frente a la amenaza que supone la implantación de la estatal LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE)».
El texto, según el Ejecutivo, quiere continuar con un modelo de enseñanza basada en la libertad, la calidad, equidad o el mérito y el esfuerzo académico. Se trata de la primera ley aprobada por el Gobierno autonómico en 2022 y la segunda educativa en la Comunidad de Madrid tras la Ley de Autoridad del Profesorado de 2020. La Ley Maestra “es la manera de proteger los principios que han hecho que el sistema educativo madrileño sea un éxito”, ha destacado el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio.
Sin embargo, esta ley ha obtenido el rechazo de la comunidad educativa, que se ha manifestado frente a la Asamblea de Madrid en su aprobación. Los representantes de las familias y el personal de los centros educativos apuntan un claro sesgo propagandístico en el contenido de este texto, centrado en aspectos como la lengua vehicular en la educación (no procede en Madrid, a menos que se quiera reforzar la docencia en lengua inglesa), el apoyo a los centros que separan por sexo o la cesión de suelo público a las empresas de enseñanza concertada.
«La mal llamada ley surgió como pura campaña de marketing, con un contenido totalmente insuficiente, sin participación, ni debate ni consenso de ningún tipo de la comunidad educativa. En el Pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid se presentó un dictamen alternativo a la misma ya que fue la única posibilidad para poder trabajar el texto. El dictamen alternativo se sometió a votación obteniendo una respuesta positiva significativa con el apoyo mayoritario de la comunidad educativa», pero no se tuvo en cuenta.
Plataforma por la Educación Pública
En la Comunidad de Madrid el 56% de las familias elige para sus hijos centros educativos públicos (674.000 alumnos); el 29% opta por concertados (364.000), y el 15% restante escoge privados (195.000), “lo que refleja la riqueza y diversidad de nuestro sistema, basado en una libertad que el Gobierno de España ha pretendido cercenar”, ha remarcado el consejero Ossorio en defensa del texto en la Asamblea de Madrid.
La libre elección e inclusión del alumnado
«La existencia de una doble red de centros escolares, públicos y privados sostenidos con fondos públicos, permite conseguir una prestación efectiva del servicio público y social de la educación», subraya el texto que ha sido aprobado. Desde el Gobierno regional se ha hecho hincapié en que la ‘Ley Celaá’ excluye a la concertada «poniendo en peligro la libertad de elección». En 2020, la Comunidad de Madrid ya aprobó ampliar de seis a diez años la duración de los conciertos educativos para aportar mayor seguridad y tranquilidad a las familias que optan por ella.
En consecuencia, el Ejecutivo autonómico colaborará con los ayuntamientos para garantizar la libertad de elección de la educación ya sea en centros públicos, privados o concertados.
Gobierno de la Comunidad de Madrid
Al respecto de la elección de centro, para el próximo curso 2022/23, la Comunidad de Madrid ya ha adaptado al nuevo sistema de puntuación de los diferentes criterios indicado en la LOMLOE, pero ha mantenido en vigor la zona única en cada municipio. Para ello, el Gobierno regional, dentro de sus competencias, ha primado otras circunstancias, como el tener hermanos en el mismo colegio o el agrupamiento familiar.
Asimismo, el texto normativo incluye que la Administración dotará de los recursos humanos y materiales necesarios, y se impulsará la formación del profesorado junto con la investigación e innovación en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, además de promover la implicación de las familias para fomentar la comunicación con ellas y su participación.
Dicha ley se apoya en una descripción “falaz” de la realidad madrileña, como que se vaya a garantizar la libertad de elección cuando no hay oferta de plazas escolares en centros públicos, que se trate de una norma “novedosa” cuando en gran parte se limita a transcribir la normativa básica estatal, o que se hable de dotación de recursos humanos sin ofrecer la imprescindible memoria económica que los concrete.
FAPA Giner de los Ríos, CCOO y UGT
En cuanto a los estudiantes con necesidades educativas especiales. La escolarización de este alumnado se revisará de forma continua para que en cada momento se cuente con el entorno más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno, ya sea en centros ordinarios, aulas específicas de educación especial en ordinarios, centros de Educación Especial, en los que este curso hay cerca de 6.000 estudiantes, o educación combinada. Un extremo que no gusta a la comunidad educativa pues aseguran que está centrada en que este alumnado se escolarice en centros especiales dando pasos atrás en la inclusión.
Esfuerzo y pruebas escritas
“Frente a la premisa de la LOMLOE de promover la titulación y la promoción con suspensos, la Ley Maestra apuesta por el esfuerzo para lo que promueve la realización de pruebas externas que fomenten la calidad”, ha concluido Ossorio, quien ha señalado que la normativa madrileña garantiza el derecho a recibir las enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de España ahondando en la aplicación de actuaciones de coordinación con otras comunidades e instituciones públicas y privadas con esta finalidad.
