AROA DÍAZ / Desde el pasado mes de diciembre de 2010, Parquesur es un recurrente en el orden del día de los plenos municipales de la localidad. En el pleno del día 17 de abril, volvió a reflejarse en el orden del día:
6º. – DACIÓN DE CUENTA, DE ACUERDO CON EL R.D 2012, DE RELACIÓN CERTIFICADO DE PROVEEDORES Y CERTIFICADOS INDIVIDUALES EXPEDIDOS.
Según nos explica Carlos Delgado, miembro portavoz de la formación de Unión por Leganés (ULEG), el caso Parquesur surge de la sobreconstrucción ilegal del centro comercial, es decir, las tiendas del centro ocupan una mayor superficie de la asignada por el Ayuntamiento. Esta maniobra habría provocado un convenio entre la sociedad de comerciantes de la plataforma y la administración, firmado el 7 de septiembre de 2010, para compensar, tanto económicamente como mediante la prestación de servicios exclusivos, esa excesiva construcción. Este “dinero opaco” como lo califica el portavoz de ULEG, queda reflejado en los informes como ingresos a nombre de Parquesur o de los dintintos comercios de la plataforma, sin indicar concepto de “convenio”.
Esto era lo que nos decía Carlos Delgado cuando le preguntábamos sobre cómo calificar ese «dinero opaco»:
Como mínimo, dinero sujeto a control público irregularmente gestionado, de nula supervisión y de fácil «sustracción» y desvío
— carlos delgado (@CarlosULEG) abril 22, 2012
Durante su intervención en el pleno, Juan Antonio Álamo, portavoz del grupo popular, hizo un repaso cronológico de las ocasiones en las que el pleno pidió explicaciones al por entonces alcalde Rafael Gómez Montoya, presente en el pleno. Así, el portavoz popular detalló que tanto el 18 de enero como el 8 de febrero se preguntó al ayuntamiento por este convenio, y no fue hasta el 14 de febrero cuando se obtiene la primera respuesta «están reflejados en el presupuesto». El 13 de marzo se ofrecieron detalles de este convenio.
Ante estas acusaciones, el exalcalde Montoya se limitó a acusar al PP de seguir haciéndole oposición aún estando en el gobierno.
A pesar de no existir ningún reflejo, se piensa que este convenio (posiblemente actualizado con cada ampliación de superficie del centro) incluía, en 1995, primera vez que se firmaba, 11 millones de pesetas al año, 10 días de disponibilidad del recinto de la discoteca – ya inexistente -, entradas a eventos y pago a los proveedores de la administración.
Por ello, el grupo ULEG propuso una serie de preguntas, aún sin respuesta, entre las que se encuentran las siguientes:
- ¿Puede una empresa privada firmar un convenio con el Ayuntamiento para pagar a los proveedores de esta administración?
- ¿Qué responsabilidad tienen quienes ocultaron ese dinero?
- ¿De dónde viene exactamente ese dinero?
- ¿A dónde va a parar?
- ¿Qué delitos puede estarse cometiendo y qué responsabilidad jurídicas tendrían esos delitos?
- ¿Quién se beneficiaba de las tarjetas VIP expedidas por Parquesur?
- ¿Qué medidas se tomarían de haberse cometido delito?
