La regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno ya tiene impacto directo en Leganés, y lo hace de forma inmediata. El alcalde ha confirmado que en solo 24 horas se han registrado 250 solicitudes en Servicios Sociales para iniciar el proceso, una cifra que anticipa un posible colapso administrativo en las próximas semanas.
Esta cifra evidencia el alto número de personas que viven en Leganés sin que hayan podido regularizar su situación. Una regularización que permitirá que ahora puedan acceder a un permiso de trabajo y unos derechos sociales y laborales con los que antes no contaban.
Un aluvión sin medios: “no hay refuerzo de personal”
El propio alcalde ha sido claro: el Ayuntamiento no ha recibido ningún refuerzo para afrontar esta avalancha de trámites. En una tertulia junto a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, denunció que la carga recae exclusivamente sobre el gobierno local.
En la práctica, esto significa que los mismos trabajadores municipales que ya arrastran una sobrecarga estructural tendrán que gestionar los expedientes en tiempo récord. Personal cuya contratación depende del Ayuntamiento de Leganés.
El riesgo es evidente: retrasos, saturación y una atención más lenta para todos los usuarios de Servicios Sociales, no solo para quienes solicitan la regularización.
Aplausos desde lo social: “una victoria popular”
Mientras tanto, las organizaciones sociales celebran la medida. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha calificado la aprobación como una “victoria popular” que permitirá “garantizar derechos y dignificar la vida de miles de personas” .
La entidad recuerda que esta regularización no es algo ajeno a la ciudadanía. Responde a una demanda respaldada por más de 700.000 firmas y supone un paso clave para sacar a muchas personas de la economía sumergida y la exclusión social.
Eso sí, también advierten que se trata de una solución puntual y que el verdadero problema —los largos periodos de irregularidad— sigue sin resolverse.
Choque político: recurso y discurso duro del PP
En el lado contrario, el Partido Popular ha endurecido el tono. Desde la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP) ya ha anunciado que presentarán un recurso y pedirán medidas cautelares contra lo que califican como una medida “populista”.
El discurso va más allá: alertan de que España puede enviar el mensaje de “barra libre” a nivel internacional, cuestionando incluso su encaje dentro de la Unión Europea si se mantiene esta política.
Un planteamiento que eleva la tensión política y convierte una medida social en un nuevo frente de confrontación institucional.
Leganés, en el centro del problema
Más allá del debate ideológico, la realidad es concreta: Más de 250 personas están en situación irregular en Leganés, viviendo y trabajando pero sufriendo la falta de derechos que ahora podrán disfrutar.
La regularización ya está aquí. Lo que falta ahora es algo básico: planificación. Porque sin ella, el problema no será la medida en sí, sino cómo se ejecuta sobre el terreno.
