La negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), a crear el registro de profesionales objetores del aborto pese al dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha centrado el debate político sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
El tribunal ha admitido medidas cautelares que obligan al Gobierno regional a poner en marcha este registro, una herramienta prevista en la legislación para garantizar que el derecho al aborto pueda ejercerse dentro del sistema sanitario. Sin embargo, Ayuso ha asegurado que su Ejecutivo no tiene intención de implantarlo.
La diputada Marta Carmona (Más Madrid) en la Asamblea de Madrid ha aprovechado un debate organizado por su partido con motivo del 8M en Leganés para aplaudir la decisión del TSJM y apuntar a un posible factor detrás de esta situación.
Según explicó, muchos profesionales de ginecología no cuentan con formación suficiente para realizar abortos instrumentales, lo que podría influir en que estas intervenciones no se practiquen en hospitales públicos.
En su opinión, la creación del registro de objetores permitiría conocer con más claridad la situación real: si todos los profesionales son objetores o si parte del problema está en la falta de formación para realizar estas intervenciones.
Dos tipos de aborto y dificultades para acceder en la pública
Durante el encuentro, Gemma Candela, miembro de la Comisión sobre el Derecho al Aborto de Madrid, explicó los dos métodos principales de interrupción voluntaria del embarazo.
Por un lado, el aborto farmacológico, que puede realizarse mediante medicación hasta la semana nueve de gestación. Por otro, el aborto instrumental, que puede practicarse hasta la semana 15.
Según expuso, en clínicas privadas el procedimiento suele costar entre 300 y 450 euros.
Para acceder al aborto a través de la sanidad pública madrileña implica varios trámites previos que lo convierten en una gymkana. Primero es necesario acudir a una clínica para realizar una ecografía y obtener un volante. Después se debe acudir a una oficina situada en la calle Sagasta, en Madrid —la única de este tipo en toda la región—, donde se valida el documento antes de poder solicitar la intervención.
“Es el único servicio sanitario para el que tienes que ir a una oficina”, criticaron durante el debate.
El aborto farmacológico apenas se utiliza en Madrid
Según señalaron, el 74% de los abortos registrados en 2024 se produjeron antes de la semana nueve, por lo que podrían realizarse mediante el método farmacológico. Sin embargo, solo el 4% se realizaron con este procedimiento.
Desde Más Madrid consideran que esta diferencia podría estar relacionada con la falta de información o de acceso a esta opción en el sistema público.
El recuerdo del aborto clandestino
El debate se asentó sobre la idea de seguir peleando para que este derecho, el aborto, esté garantizado, puesto que las trabas burocráticas son una de las herramientas para que no se ejecute.
De hecho, el aborto ya estaba garantizado antes de la Guerra Civil, pero durante la dictadura, se perdió. «Duele mucho cuando se pierde un derecho, y la vuelta a la lucha fue aún más feroz», recordó Rosa, militante de Más Madrid Leganés.
Recordó que muchas mujeres tenían que viajar a ciudades como Londres o Perpiñán para poder abortar de forma segura. Quienes no podían permitírselo recurrían a métodos clandestinos o inseguros que ponían en riesgo su vida: «Muchas se jugaban la vida con las intervenciones a cuchillo».
Las participantes coincidieron en que garantizar el acceso al aborto seguro sigue siendo una cuestión central en el debate sanitario y político. «No puedes prohibir el aborto, puedes prohibir que sea seguro».
