Las agrupaciones políticas de Leganés, ULEG, C’s y Ganar Leganés, señalan la falta de control efectivo sobre las acciones del Gobierno local. Tal y como explican estas formaciones, la tónica general imperante en los plenos ordinarios, destinados a fiscalizar las decisiones del Ayuntamiento, es la de eludir los puntos de control. Por tanto, demandan un pleno extraordinario a la alcaldía.

Unión por Leganés, Ciudadanos y otros concejales no adscritos, han registrado la petición de convocar un pleno extraordinario con una única «parte de control» para pedir explicaciones al Gobierno sobre su gestión. En dicha sesión, pretenden dar salida a las 48 iniciativas olvidadas en los plenos ordinarios ante su ubicación en la parte final de cada convocatoria. Dichas iniciativas están compuestas por diferentes interpelaciones y comparecencias no realizadas en plenos anteriores. Su objetivo último es exigir transparencia al Ayuntamiento.

Ricardo López, portavoz-adjunto de ULEG, ha señalado la labor de control fundamental del pleno y su intención de llevar a cabo uno extraordinario que cumpla dicha misión. «Hemos pedido al alcalde por activa y por pasiva que convoque plenos extraordinarios para que la parte de control que siempre se queda pendiente en las sesiones ordinarios pueda llevarse a cabo (…) Exigimos ejercer nuestra labor de fiscalización y poder preguntar al gobierno sobre sus planes, proyectos o sobre su gestión de nuestra ciudad y a día de hoy esta posibilidad se nos está coartando por la negativa del alcalde”, ha incidido López.

Según el reglamento del Consistorio, los concejales del Ayuntamiento tienen limitadas las convocatorias de plenos extraordinarios. Mientras que el alcalde puede requerir tantos como desee, cada concejal tiene la posibilidad de pedir solo tres al año, siempre y cuando cuenten con la firma de otros siete ediles que avalen su propuesta.

El gobierno tiene un plazo de 15 días para convocar el pleno extraordinario solicitado por ULEG, C’s y los concejales no adscritos, en cuyo orden del día destacan la petición de comparecencias como la del propio alcalde de la localidad, Santiago Llorente, y la del gerente de EMSULE, José Enrique Serrano. El resto está formado por diferentes interpelaciones a distintos miembros del Gobierno para que justifiquen algunas de las decisiones tomadas en sus áreas como Cultura y Festejos, a manos del edil Luis Martín de la Sierra.