La denuncia es demoledora y no queda lejos de Leganés. El sindicato de enfermería SATSE ha alertado de una situación límite en las residencias públicas de mayores dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS): hay turnos de noche en los que una sola enfermera debe atender a hasta 600 residentes. Una realidad que pone en cuestión la atención sanitaria, la dignidad de los mayores y la gestión del dinero público .

Las denuncias de SATSE describen un escenario alarmante que se mantiene en el tiempo: bajas que no se cubren, plantillas mínimas, enfermeras obligadas a doblar turnos y noches enteras sin responsables en los centros, más allá de una única profesional sanitaria que asume toda la carga asistencial. En centros con cientos de residentes, muchos de ellos grandes dependientes, esto significa medicación, curas, urgencias, ingresos hospitalarios y vigilancia constante… todo para una sola persona.

Ante esta denuncia, la Comunidad de Madrid ha acusado a los sindicatos «de enredar para que no se puedan ofrecer los servicios públicos», señalando que «las bajas se cubren a la mayor celeridad posible» y que los ratios de enfermera-paciente son «incluso más altos que lo que indica la norma».

61 millones sin gastar, directos a Quirón

Del presupuesto total de la AMAS para 2024 hay una partida de 61 millones que finalmente no se ha sido ejecutada, a pesar de las graves deficiencias que tienen las residencias públicas de mayores que dependen de esta Agencia. Un cambio alertado por la Cámara de Cuentas en su informe.

En el informe se subraya que esta operativa es legal, pero advierte de que evidencia problemas de planificación y de prioridades en el uso de los recursos públicos, en un contexto en el que parte del presupuesto social disponible no se ejecuta mientras se mantienen carencias graves en la atención a las personas mayores.

«Es una vergüenza», subraya García Valencia de SATSE, que los responsables de la «AMAS prefieran no ejecutar el presupuesto del que disponen y mantener las residencias de mayores y a sus residentes en condiciones deplorables».

Los 61 millones servirían, por ejemplo, para mejorar las condiciones habitacionales de los residentes con la contratación de más enfermeras que sería factible si mejoran sus condiciones económicas y laborales. Actualmente, la AMAS no encuentra enfermeras ya que, ante la carencia generalizada que existe de estas profesionales, éstas prefieren trabajar en cualquier otro ámbito que tiene mejores condiciones laborales, económicas y, también por qué no decirlo, de reconocimiento. En la AMAS, las enfermeras no somos ni siquiera las cenicientas, estamos por debajo de esta figura.

Leganés, en el terremoto de la falta de medios de residencias

Leganés no es ajeno a este problema. La ciudad cuenta con una población especialmente envejecida y un número creciente de residencias de mayores, entre ellas seis residencias públicas cuya gestión está privatizada. Es decir, son centros públicos, pero gestionados por empresas privadas que se encargan tanto del servicio como de la contratación del personal. Y ahí está uno de los principales nudos del conflicto.

En Leganés, los propios residentes y familiares llevan tiempo denunciando problemas similares: falta de sábanas limpias, carencias de higiene, comida de baja calidad y atención insuficiente. Aunque la Comunidad de Madrid es la titular de las residencias, la gestión privada diluye responsabilidades. Las empresas contratan y pagan al personal, pero la administración regional mantiene el control del modelo y del presupuesto.

Falta de dinero público pero «regalos» a Quirón

La pregunta es inevitable y en Leganés resuena con fuerza: ¿cómo es posible que haya dinero público sin gastar mientras se permite que una sola enfermera atienda a cientos de personas mayores? El modelo de residencias públicas con gestión privada vuelve a quedar en el foco, no por ideología, sino por hechos. Y los hechos, hoy, son difíciles de justificar.