AROA DÍAZ / Jesús Gómez (PP), alcalde de Leganés, ha retirado su acusación en el ‘caso Facturas’ por «no tener más pruebas» con las que continuar el proceso. El caso ha sido sobreseído provisionalmente aunque, según declara el alcalde, «no tiene relación que yo haya retirado mi acusación particular».
El Juzgado número 8 de Leganés ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa el pasado día 16 tras conocerse que Jesús Gómez, Juan Carlos Cenamor González y el exconcejal Diego Alhambra comunicaron su retirada de la acusación particular el pasado mes de noviembre.
El proceso, que fue iniciado en 2009 por una denuncia del propio alcalde, pretende investigar presuntas irregularidades en la contratación de Urbaser por parte del gobierno de coalición PSOE-IU, bajo el mandato de Rafael Gómez Montoya.
La empresa fue la responsable de la construcción de un punto limpio -con un coste de más de un millón de euros- a pesar de que éste no aparece en los pliegos de adjudicación. La obra podría haber tenido un sobrecoste de 350.000€ sobre la cantidad presupuestada además de haber sido edificado un suelo reservado, según el Plan General Urbanístico, para uso deportivo y educativo
En reiteradas ocasiones, Jesús Gómez ha señalado su intención de «llegar hasta el final del asunto» y ha manifestado su satisfacción las veces que el expediente ha sido reabierto, puesto que esta no es la primera vez que el caso queda archivado.
En esta ocasión, los diversos motivos que llevaron al Juzgado número 8 a reabrir el caso hacían apuntar a un posible caso de financiación ilegal del Partido Socialista, llegando a referirse a este caso como ‘la Gürtel del PSOE’. Así, en lo referente a las sospechas sobre la financiación de la campaña electoral del PSOE en 2007.
«Consideramos muy relevante su testimonio, que resulta preciso y determinante: indica que Jesús San Martín [director de Anuntis, empresa editora de Mercado Leganés] le ordenó facturar la cantidad pendiente de pago de la campaña electoral del PSOE a Urbasur y Helechos; y le contó que la imputada Carmen Blázquez así se lo indicó, porque en caso contrario no iban a cobrar«, figuraba en el auto.
Posible relación con Legatec
Sin embargo, en esta ocasión, el alcalde ha decidido retirar su acusación personal alegando que «si no tenemos nuevo material probatorio para continuar con la acusación no veo motivos de seguir con ese caso«. No obstante, ha recordado que «el caso lo inicia el señor Delgado y Enrique Rioboó cuando interpusieron una denuncia, y Delgado fue el primero que se retiró«. Así, ha instado a ambos a mostrar nuevos materiales probatorios para poder continuar con la causa.
Por su parte, Carlos Delgado (ULEG) ha negado que se retirase en algún momento del caso puesto que «nunca llegamos a ser acusación particular» por no poder hacer frente a la fianza de 3.000€ exigida por el juzgado, motivo por el cual solicitaron al Ayuntamiento personarse como acusación. Una fianza que los tres miembros del Partido Popular que han hecho efectiva su retirada en el caso han reclamado a los juzgados para que sea devuelta.
«El alcalde tendrá que explicar porqué después de 6 años de batallas judiciales, en noviembre se retira del caso y curiosamente se aprueba Legatec en contra de los criterios del PSM.», ha instado Delgado.
Extravío de informes y expedientes
En este sentido, ha recordado que la polémica contratación del abogado Gonzalo Boyé se realizó con motivo de la defensa del Partido Popular en dicho caso. Una contratación que causó polémica debido a su condena por colaboración con la banda terrorista ETA así como su implicación en la acusación por la trama Gürtel.
Finalmente, el Ayuntamiento prescindió de sus servicios. No obstante, el Jefe de la Asesoría Judicial ha manifestado «no tener ningún documento» que sostenga la relación laboral entre el Ayuntamiento y Gonzalo Boyé. El alcalde señaló a un habilitado nacional como supuesto responsable de dicho extravío.
El caso será discutido en el Pleno que se celebrará esta misma tarde con motivo de una moción en la que el grupo de Unión Por Leganés solicita la disponibilidad del expediente judicial, lo cual quedó aprobado en el pasado Pleno. Desde entonces, el Ayuntamiento denunció un «acoso telefónico» por parte del propio Carlos Delgado debido a las continuas solicitudes del expediente.
