Alertan del aumento de menores con insuficiencia alimentaria en Leganés

AROA DÍAZ / El Proyecto del Defensor del Menor en Leganés alerta del “crecimiento de forma alarmante” del número de familias que acuden cada día a ONGs y bancos de alimentos para poder comer. Asimismo alerta del aumento de “factores de agresión” a los derechos básicos de la infancia: educación, alimentación, vivienda y salud.

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El nuevo informe del proyecto del Defensor del Menor en Leganés deja en evidencia los estragos causados por las políticas de recortes en este último curso escolar correspondiente a 2014/2015. Según los datos, los problemas económicos de las familias con menores a su cargo en Leganés son cada vez más alarmantes. Tanto es así que, a pesar de no contar con cifras, el informe señala un crecimiento “alarmante” del número de familias que acuden cada día a albergues y ONGs para poder comer.

Una situación que podría ser paliada con un aumento en la inversión de los comedores escolares para ayudar, al menos, a la alimentación de los más pequeños. Sin embargo, lejos de aumentar, las ayudas recibidas por los centros han disminuido. Si en el curso 2010/2011 ascendían a 30.000€ por centro, en la el curso actual han descendido un 70% hasta los 9.000€; a pesar de lo cual algunos comedores tienen excedentes diarios con los que se podrían alimentar un mayor número de alumnos.

Pero estos problemas tienen más consecuencias. 3.785 menores no se pueden costear los libros y material escolar debido a los recortes en las ayudas económicas de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Mientras que la Comunidad dejó sin ayudas a cerca del 90% de los estudiantes, el gobierno local dejó a 3.729 niños sin la beca de libros por falta de fondos aún cumpliendo los requisitos marcados.

Asimismo, 5.925 menores no pueden acceder a programas de apoyo y refuerzo escolar a pesar de necesitarlos debido a sus costes, lo cual repercute en el rendimiento académico del estudiante y, por tanto, en sus posibilidades de futuro.

El informe saca a la luz también datos relacionados con la reducción de alumnado en las escuelas infantiles. Cada vez son más las familias que dejan desierta su plaza en las escuelas infantiles por no poder hacer frente a los exigentes pagos de las tasas de los centros públicos frente al aumento de las subvenciones de los centros privados.

“Las escuelas públicas han pasado de tener largas listas de espera, a tener plazas vacantes, lo que se utiliza, a su vez, por los gobiernos municipal y autonómico, para cerrar más centros y aulas públicas”, aseguran en el informe.

Por ello, el proyecto del Defensor del Menor exige a la política que actúe volviendo a poner las necesidad que afectan a los derechos de alimentación, educación, vivienda y salud así como el sufrimiento invisible infantil en el eje central de sus actuaciones, elaborando una serie de propuestas que se añaden a las trece medidas exigidas para los partidos políticos.

  • Medidas desde las instituciones para las familias:
    • Aumentar los fondos de ayuda y agilizar los mecanismos de dotación.
    • Organizar o reforzar los programas de ayuda psicólogica y espacios de formación.
    • Provisionar ayudas de alojamiento a las familias con menores a su cargo.
  • Medidas desde las instituciones para los menores:
    • Garantizar cobertura total de desayuno y comedor escolar para menores necesitados.
    • Incluir en las ayudas municipales a la escolaridad, dotación para otros conceptos como salidas extraescolares, material fungible o cooperativa del aula, si la hubiera.
    • Espacios de apoyo a niños con necesidades de logopedia o refuerzo educativo.
    • Dotación para niños con necesidad de medicamentos o alimentos especiales.
    • Garantizar la escolarización de los menores desahuciados.

Además, el proyecto del Defensor del Menor llama a la “solidaridad horizontal para que los vecinos que puedan colaboren en proyectos como fondos de libros, bancos de alimentos o el propio proyecto de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que sólo en los últimos 18 meses ha intervenido en más de una treintena de desahucios a familias con menores en Leganés.

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