Cinco familias en proceso de desahucio protestan ante la falta de soluciones de Servicios Sociales

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Familias sin recursos. Okupas o alquilados. Todos ellos con menores a cargo. Este es el perfil de las cinco familias afectadas por inminentes desahucios que protestaban esta tarde a las puertas de Servicios Sociales. Apoyados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, denuncian que el servicio municipal no les atiende.

«Ayer se rieron de nosotros«, denuncia una de las afectadas. Y es que, tras una reunión en el Ayuntamiento con el alcalde en la que no se les ofrecía ninguna solución; este les indicó que la concejal de Asuntos Sociales les estaba esperando en la sede municipal. Sin embargo, al llegar allí encontraron un amplio dispositivo policial. «No nos dejaban pasar. Nos cerraron la puerta en las narices«, asegura un miembro de la plataforma.

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De esta forma, las afectadas se vieron en la calle, de nuevo, sin soluciones. Se trata de cinco familias con desahucios previstos entre la próxima semana y el mes de abril. «Son casos inminentes y desde Servicios Sociales no nos dicen nada«, explica Mónica, una de las afectadas cuyo desahucio está previsto para abril. Mónica está separada, víctima de violencia de género con un menor con un trastorno psicomotor y del espectro autista. «Recibo 442€ por la Ley de Dependencia y no me llega. Mi hijo necesita medicinas y aparatos, además es alérgico al huevo y la lactosa y su comida es más cara«.

«Ellos dicen que no tienen viviendas de alquiler social y no pueden hacer nada. Solo nos ofrecen un único pago de 900€ al año para que busquemos un alquiler. Nosotros no tenemos ingresos de ningún tipo ya que nos quitaron la Renta Mínima porque ellos enviaron la documentación a la Comunidad de Madrid tarde«. Es Tamara, embarazada de 8 meses y madre de una niña de 3 años. En paro, cuida además de su pareja, afectada por una dolencia en los riñones de la que tiene que ser operado el próximo 29 de marzo. «Tenemos el desahucio programado para el próximo viernes, 24, y él no se puede mover«.

Por otro lado, el caso de Tamara se complica al estar condenada por okupar la vivienda. «En abril la SAREB, propietaria del piso, abrió las dos vías contra nosotros: nos denunció por okupación y nos abrió los trámites para ofrecernos un alquiler social«. Pero la primera vía fue más rápida y fue condenada a una multa de 5€ durante 9 meses. Esta fue recurrida, al no tener ingresos de ningún tipo, y transformada en arresto domiciliario los fines de semana. Un arresto que debe cumplir en la misma vivienda de la que va a ser desahuciada.

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En una situación similar vive otra de las afectadas. Separada, con un hijo y viviendo con su hermano, no alcanza a pagar las facturas con un sueldo de apenas 300€ por media jornada. Tanto es así que el pasado mes de enero le fue cortada la luz. Todas ellas, junto a dos familias más, se han visto obligadas a exigir soluciones a los Servicios Sociales. Sin embargo, hoy también han encontrado la puerta cerrada. «La situación me ha sobrepasado, no como, no duermo y mi hijo lo nota. Estoy desesperada«, explica Mónica.

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