Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza las características sociodemográficas relacionadas con la violencia de género muestra una menor incidencia en las familias más igualitarias en términos de estatus laboral.
Este estudio se basa en los datos de las macroencuestas de violencia de género del Instituto de la Mujer, que proporcionan información sobre el estatus laboral y otras características socioeconómicas de los miembros de la pareja, como su edad, el nivel educativo, el lugar de residencia y el nivel de renta del hogar. Los investigadores han empleado técnicas econométricas que permiten aislar el efecto causal de la situación laboral de ambos miembros de la pareja sobre el maltrato.
La menor incidencia de violencia doméstica ocurre en las familias más igualitarias en términos de estatus laboral, en las que los dos miembros de la pareja trabajan. Para estas familias, el porcentaje de maltrato es del 1%. “Es más probable que estas parejas más igualitarias compartan valores que cuestionen los roles de género más tradicionales, particularmente los asociados al papel dominante del varón y su actitud ante la violencia”, comenta uno de los autores, César Alonso, del departamento de Economía de la UC3M. “Cuando el varón no trabaja, el riesgo de violencia puede aumentar en la medida en que se ve cuestionado su rol tradicional como sustentador de la familia”, comenta otra de las autoras del estudio, Raquel Carrasco, también del departamento de Economía de la UC3M.
Existen otras características demográficas que también afectan al maltrato: una mayor educación tiende a reducir el riesgo del maltrato doméstico; y cuanto mayor es la edad de la mujer, mayor es también la probabilidad de sufrir violencia de género. En la medida en que para cada tipo de pareja se encuentren diferentes riesgos de maltrato, las políticas orientadas a paliar este problema tendrían que ser diferentes, según los investigadores.
Estos resultados podrían utilizarse para proponer políticas contra esta lacra social. Por una parte, a corto plazo, podrían promoverse políticas de prevención hacia aquellos colectivos más vulnerables (en particular, parejas con mayor riesgo de exclusión social), así como el cumplimiento legal de mecanismos preventivos de disuasión de la violencia y la extensión de procedimientos de acogida y ayuda para las víctimas y sus hijos. Por otra parte, a largo plazo, se podrían fomentar políticas educativas encaminadas a promover la igualdad de género efectiva, que transmitan los valores de igualdad de género desde la infancia, además de políticas que garanticen la autonomía y el empoderamiento de la mujer a través del empleo.
