Hosteleros y concejales han acusado al Gobierno local de tratos de favor a ciertos hosteleros. Señalan que la Policía Local tiene orden de no tocar a ciertos establecimientos. El Pleno ha aprobado poner a disposición de todos los ediles los expedientes sancionadores.
Durante esta legislatura, han sido decenas las quejas de vecinos y hosteleros acerca de una supuesta flexibilidad con algunos locales. Unas denuncias que lejos de apagarse, se han ido incrementando en los últimos años, sobre todo, a raíz de las no sanciones a bares del centro de Leganés por tener terrazas más amplias de lo debido o a los establecimientos de los alrededores de la Cubierta por abrir hasta altas horas.
En este sentido, Rocío Cruz, quien volvió a llevar esta cuestión al Pleno la semana pasada, relató que en los últimos años un bar en concreto -regentado por la pareja del edil Luis Martín de la Sierra- había recibido casi una decena de denuncias. Sin embargo, consideraba que la única sanción recibida, por incumplimientos reiterados, era insuficiente. «No es una cuestión de la relación personal de nadie, es cuestión de porqué se incumple esta normativa. ¿Porqué se incumple muchísimo más en el centro que en el resto de Leganés?».
Antes estas acusaciones, ya en 2016 el concejal de Hacienda en 2016 aseguró que los expedientes se estaban llevando a cabo pero que las sanciones a los hosteleros se aplicarían todas las a la vez. «Esto es una forma de dejar caducar algunos expedientes», señalaba Rocío Cruz, concejala no adscrita, quien recordaba que el Ayuntamiento puede precintar las terrazas que considera que incumplen la normativa. «No es verdad que estén con las manos atadas».
«No puede ser que la mayoría de hosteleros y hosteleras cumplan y otras personas no por ciertas soluciones. Y esta es la imagen que se le está dando», reseñaba Rocío Cruz. «Ustedes a veces actúan, a veces no actúan y a veces hacen que actúan pero no».
Acusan de dar directrices de no multar
A lo largo de 2017, el Ayuntamiento llevó a cabo 38 expedientes sancionadores de los cuales fueron resueltos con sanción, 33. En 2018, se están tramitando 29 expedientes, 19 de ellos ya solucionados con sanción. Sin embargo, para los concejales de la oposición estos deberían haber sido algunos más. «Los propios policías nos han dicho que tenían órdenes de no multar y que algunas multas se dejan aparcadas para que prescriban», aseguran desde ULEG.
El alcalde respondió a las acusaciones asegurando que no existe este trato de favor y que lo policías ejercen su trabajo con normalidad, algo que la concejala no adscrita Rocío Cruz puso en duda. «Recordemos que en este Ayuntamiento se ha denunciado moobing y que los policías tienen tanta libertad como el resto de trabajadores. Tanta, tanta que hay mucha gente que quiere irse del cuerpo de la Policía Local», declaró en medio de los abucheos de cargos de confianza del Gobierno, presente en el debate.
Necesidad de tres expedientes para cerrar el local
Mientras tanto, el Gobierno local sigue sosteniendo que tiene las manos atadas. «Vivimos en un estado garantista y estas garantías dan sensación de lentitud», argumentaba el alcalde, Santiago Llorente. En este sentido alegaba que, en el caso de los establecimientos sin licencia -como los afterhours denunciados en los alrededores de La Cubierta– el trámite exigía de tres expedientes sancionadores para constituir una falta muy grave y poder cerrar el bar. «Hasta que llegamos a ese extremo pueden pasar muchos meses», explicaba.
En cuanto a las carpas y los veladores, el alcalde aseguró que en 2016 se abrió un expediente a todas y que se hizo cumplir la normativa. «De una forma u otra al final las cobramos con los recargos correspondientes», aseguraba el edil quien destacó que muchas de las quejas de los bares son deribados de los celos. «Hay que separar la paja del trigo y ver cuál es el problema concreto».
Finalmente, se votó a favor de que se hagan dejen los expedientes sancionadores de toda la legislatura a disposición de los ediles.
