Un informe de abril señala un exceso sobre la superficie edificable permitida de más de 1.700m², por actuaciones no amparadas en licencia municipal. Infracciones urbanísticas que Ganar Leganés ha llevado a la Fiscalía.
Las sospechas sobre el terreno edificado por el CC Parquesur sobrevuelan el Ayuntamiento de Leganés desde que el año pasado los rumores de unas nuevas reuniones señalaran la supuesta intención del centro comercial en ampliar sus terrenos. Rumores que fueron confirmados por el propio alcalde y que hicieron saltar las alarmas de los concejales.
En este contexto, Ganar Leganés solicitó documentación, que hasta la fecha de hoy no ha sido facilitada, sobre la edificabilidad del centro actualmente, en lo cual sospechaban que había irregularidades. Poco después, el director general de urbanismo dimitió. Su sustituta, Laura Oliva, que también lo es de coordinación jurídica, emitió en abril de 2018 decreto de resolución de consulta urbanística de edificabilidades en el citado centro comercial.
En él se existen informes técnicos contradictorios: uno de 2014 que dice que la edificabilidad puede estar agotada, otro de 2015 que dice que no, y el último de este año en que se dice que hay exceso de edificabilidad. Es llamativo que el segundo informe reproduzca los datos aportados por la parte interesada.
El técnico que realizó el informe, Antonio Galán, ya puso de manifiesto en 2016, en una comparecencia de la comisión de investigación de Legatec que «hay muchos líos con Parquesur por temas de edificabilidad». En la misma intervención señalaba que existían «líos muy gordos con las gasolineras«. Galán denunció haber sido jubilado forzosamente sin ninguna explicación a pesar de contar con una prórroga de cinco años más.
Falta de investigación y control
Desde Ganar Leganés lamentan que cuando el primer informe, de inicios de 2014, advierte que la edificabilidad puede estar agotada no se pongan los medios para su investigación, control y, en caso de infracción, la correspondiente sanción y demás medidas que correspondan, sabiendo que muchas infracciones pueden tener un plazo de prescripción de 4 años.
Los concejales no adscritos destacan que 8 meses después de conocer este equipo de gobierno una infracción urbanística muy grave, no se ha tomado ninguna medid. «No se puede consentir que con las grandes infracciones urbanísticas no pase nada», aseguran, «no actuar es convertirse en cómplice necesario», añaden. Por ello, los ediles habían pedido la interpelación en Pleno del alcalde, Santiago Llorente, pero finalmente no se llegó a ejecutar por falta de tiempo.
Así, ante la inacción del gobierno los ediles de Ganar Leganés han puesto en conocimiento de la fiscalía estos hechos el día 13 de noviembre.
