ULEG ha interpuesto un recurso de reposición a la formación de esta Mesa en la que, según el Reglamento, deben estar presentes todos los grupos del Ayuntamiento de Leganés
El nuevo Gobierno de Leganés, conformado por la coalición de PSOE y Más Madrid-Leganemos, ha constituido algunos de los órganos de gobierno para esta próxima legislatura. Entre ellos se encuentra la Mesa de Contratación. Según el Reglamento Orgánico Municipal deberá haber un concejal de cada grupo político, sin embargo esto no se ha considerado así en esta ocasión.
La Junta de Gobierno, donde formalmente sólo están ediles de PSOE y Más Madrid-Leganemos, decidió mediante acuerdo de 19 de junio de 2019 constituirla sin incluir en la composición de la misma a ningún edil de ningún grupo político, con la excepción del presidente de la Mesa que será la concejala delegada de Hacienda (PSOE) y en su ausencia el alcalde presidente (PSOE).
Si bien es cierto, en la Ley de Contratos del Sector Público no se obliga a que haya cargos electos en las Mesas de Contratación, y abre la puerta a que se pueda crear este órgano con funcionarios, como ha sido el caso. Esto, para ULEG supone «una evidente discriminación y vulneración de derechos fundamentales» para el resto de partidos políticos.
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Y es que, desde la formación apuntan como una «discriminación» la elección de un cargo electo únicamente para la presidencia del órgano, en lugar de que este sea ocupado también por otro funcionario. De esta manera, a su parecer los partidos no estarían en igualdad de condiciones cuando un concejal de PSOE sí forma parte de esta mesa y el resto de formaciones no.
Recurso de reposición
Ante ello, ULEG ha interpuesto un recurso de reposición para impugnar el acuerdo de la Junta de Gobierno y defiende el derecho del resto de partidos de estar presentes en esta mesa, «en aras a la legalidad, la transparencia en una materia tan importante como la contratación y la participación política en toda su plenitud y en igualdad de condiciones».
En palabras de Carlos Delgado, en esta decisión “subyace una forma autoritaria, caciquil, alérgica a la transparencia y patrimonialista del ayuntamiento de Leganés. Algo especialmente grave cuando de un aspecto tan estratégico se trata como es la contratación pública”.