El alcalde ha sido advertido de que estaría vulnerando el derecho fundamental a la participación política y que su actuación acarrearía consecuencias penales como el delito de prevaricación.
En lo que va de legislatura, Leganés solo ha podido celebrar dos plenos extraordinarios completos sin ser terminados a puerta cerrada o suspendidos. Las protestas de diversos colectivos han hecho que el alcalde, Santiago Llorente (PSOE), decida terminarlos o cambiarlos de ubicación en lugar de desalojar a quienes protestan e impiden el normal desarrollo de la sesión.
La situación se ha convertido en sistemática por lo que los partidos de la oposición decidieron protestar en el último Pleno denunciando que, a puerta cerrada y sin su presencia, se debatieran y votaran mociones que habían presentado ellos, sin que pudieran ser presentadas o argumentadas. Por ello, desde ULEG se ha anunciado que se está buscando la forma de que esto no vuelva a pasar.
“Y siendo grave lo perpetrado es tanto o más el que se aproveche esta maniobra para debatir y votar iniciativas políticas sin estar presentes los grupos políticos proponentes. ¿Cabe mayor atropello? ¿Quién es el alcalde para disponer y asumir el control sobre mociones e iniciativas que no son suyas? Se está vulnerando el derecho fundamental a la participación política, lo que hemos hecho llegar ya al secretario del pleno alertando de las consecuencias penales, como la prevaricación, porque celebrar así los plenos a puerta cerrada es una maniobra claramente fraudulenta”.
Unión Por Leganés-ULEG
Medidas contra los plenos a puerta cerrada
Desde el partido independiente se sospecha que es el propio alcalde “socialista” Santiago Llorente quien está reventando los plenos o provocando esta situación anómala sabiendo que la Oposición (ULEG-PP-Unidas Podemos-VOX), como señal de protesta ante tal atropello democrático, no acude a los que se celebran a puerta cerrada ya que, argumentan, esta posibilidad no está pensada para cerrar todos los plenos en los que hay protestas «sino para situaciones graves de orden público».
Así, el partido asegura estar estudiando medidas legales que trasladará al resto de grupos para «frenar las tropelías de un alcalde y un gobierno “rodillo” que cada día que pasa es más autoritario y tiene modos más similares a los que practican dictadores: «aplica con cobardía una especie de artículo 155 a los grupos de la Oposición y a los vecinos de Leganés”».
