Carlos Delgado ha solicitado la comparecencia en el Pleno del jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento ante dos contratos bajo sospechas de posible fraccionamiento.
Juan María Borreguero, jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Leganés ha comparecido en el Pleno, a instancias de ULEG, cuyo portavoz Carlos Delgado, le ha interpelado acerca de unos pleitos relacionados con urbanismo que el servicio jurídico municipal externalizó. Dos procedimientos muy relacionados en los que “entendemos que podría haber habido fraccionamiento de contrato” dado que, según Delgado, se hizo una doble contratación: por un lado una licitación el 29 de enero, y a las dos semanas en procedimiento urgente se adjudicó a dedo a la empresa M Doc Legal, única oferta presentada, empresa que posteriormente resultó también beneficiada de la licitación principal de 100.000€ con criterios “subjetivos”.
La información saltó cuando fue publicada por Leganés Al Día quien ponía el foco en que los contratos servían para la adjudicación de la defensa de los juicios 195/2020, 196/2020 y 197/2020 divididos en dos contratos. Una situación que según fuentes consultadas por dicho periódico puede tratarse de una fórmula “utilizada para eludir los procedimientos de selección de contratistas”.
Esto ha llevado al portavoz de ULEG a cuestionar a Borreguero sobre los contratos: “ha contratado una de las veces a dedo en un proceso urgentísimo de 24h en el que sólo se presentó una oferta, ¿de qué conoce a esta empresa? ¿Cómo le llegó el contacto? Sabemos que ya trabajaba para EMSULE”. Y es que, según Delgado, es incomprensible que los servicios jurídicos se amparen en criterios subjetivos, para adjudicar según ellos “a dedo” acusándole
ULEG duda de la necesidad de externalizar los servicios jurídicos
Ante estas acusaciones de fraccionamiento de contrato, acusaciones que Borreguero ha negado: “a mi entender no ha habido fraccionamiento, cada procedimiento se ha realizado en cumplimiento estricto de la normativa, hay contratos que no se pueden adjudicar exclusivamente a precio, uno de ellos es el de los servicios jurídicos”, ha concluido.
Además, desde ULEG han reprochado que desde el servicio de asesoría jurídica municipal se dedique a externalizar tantos servicios “usted está al frente de la asesoría jurídica, con un generoso sueldo y tiene también un letrado consistorial a su disposición, con un gran aparato administrativo y choca que tengamos que externalizar tanto servicio”.
Ante esto Borreguero se ha defendido asegurando que se trataba de procedimientos muy especializados y recordando que sus funciones no se limitan a la representación y defensa, sino que también tienen carácter consultivo, emisión de informes y participación en las mesas de contratación. “No nos limitamos exclusivamente a las representaciones en caso de juicio, por lo que es necesario externalizar determinadas áreas especializadas” concluyó Borreguero.
