El pasado 7 de junio, con la ausencia de los dos ediles de Cs que integran la Junta de Gobierno Local, se aprobó modificar los términos de la cesión a la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE) de parcelas propiedad del ayuntamiento en el barrio de Poza del Agua para que ahora puedan ser vendidas por la propia EMSULE y destinar lo obtenido a hacer viviendas en alquiler en el barrio de Puerta de Fuenlabrada (PP4).
Así, el 5 de septiembre se publicó el pliego para que comience formalmente la presentación de ofertas para la compra de parcelas de Leganés pertenecientes a su patrimonio municipal de suelo (PMS) que se entregaron por la Junta de Gobierno de Leganés a la Empresa Municipal del Suelo (EMSULE) mediante una operación tachada de ilegal por la inmensa mayoría de la Oposición, que presentó un recurso de reposición plagado de argumentos que ni ha sido contestado.
Desde entonces, han sucedido más elementos que añaden sospechas a ULEG, quien ha denunciado que «afloran los tentáculos partidistas a unos meses de elecciones que despejan cualquier duda respecto a que está en liza cualquier cosa menos los intereses generales». Y es que han concurrido tres elementos.
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Por un lado, la Mesa de Contratación de EMSULE está integrada por el concejal del PSOE y presidente de EMSULE, Javier Márquez, y vocales, todos ellos miembros de la ejecutiva del PSOE; además de no haberse convocado aún la comisión de investigación de EMSULE aprobada en el Pleno de Leganés.
Asimismo, la Intervención General ha señalado en un informe varias afirmaciones que, a juicio de ULEG, ponen en entredicho una operación urbanística de este calibre: «hay que reseñar las deficiencias del Inventario de Bienes y su actualización al no existir una adecuada gestión del patrimonio municipal que permitan, en todo momento, reflejar contablemente con exactitud la realidad de dicho patrimonio y su valoración” (…) “ También es necesario señalar la falta de un Patrimonio Municipal del Suelo, tal y como exige la legislación urbanística, que lo configura como un patrimonio separado del general de la Entidad y objeto igualmente de una contabilización separada. Lo anterior genera la inexistencia de reflejo contable del citado Patrimonio Municipal del suelo y consecuentemente la imposibilidad de su posterior seguimiento contable”.
Desde ULEG se insiste en que estamos ante “hechos muy graves, hablamos de la venta (aparentemente en fraude de ley con EMSULE como instrumento) de patrimonio municipal de suelo y a un precio muy dudoso y volátil vistos los informes, donde la mercantil se convierte en la depositaria y garante del dinero que se obtenga por esta venta que por ley está afectado a unos usos tasados. Si por las vías políticas no se pone freno al despropósito estamos ultimando una denuncia en Fiscalía que, aunque sabemos de quién depende según dijo el presidente del Gobierno, confiamos en que actúe, porque como todo el mundo sabe cuando se pasa agua de un recipiente a otro (como del ayuntamiento a EMSULE) siempre se pierde líquido por el trayecto”.
