La nueva ordenanza de Servicios Sociales ha arrancado su camino para ser aprobada definitivamente en los próximos meses. PSOE, Ciudadanos y Leganemos han aprobado inicialmente la nueva ordenanza de ayudas de servicios sociales que, pretende, incentivar ayudas económicas directas a los más vulnerables. «Había una serie de lagunas y controversias administrativas que impedía a la ordenanza anterior dar respuesta a las peticiones más significativas», explicaba la concejala de Servicios Sociales, Pilar Cano (C’s).
Todos los partidos han señalado que se trata de un texto que no se ajusta a los precios de mercado puesto que se facilitarán 10€ para los menús diarios cuando a día de hoy es muy difícil encontrar ya menús a ese precio. Así, desde Unidas Podemos-IU Leganés se ha preguntado si habría algún convenio con bares y restaurantes para facilitar estos precios. Además, VOX ha señalado que esta ayuda va dirigida a muchos aspectos pero sin orden de prioridad: «No sabemos cuál va a ser la prioridad: un niño que no puede comer o una persona que no puede coger un autobús. Metemos un batiburrillo que con lo especial que es esta ordenanza creo que no debería ser así».
Por otro lado, el PP ha llamado la atención sobre la propuesta de «silencio negativo», es decir, en caso de que la Administración no responda a la solicitud en tiempo y forma establecidos, esta quedaría rechazada automáticamente: «creo que no podemos, hablando de esta situación de vulnerabilidad, que este retraso de la burocracia afecte a la persona».
ULEG ha señalado que esta ordenanza «sigue sin proteger a las personas más vulnerables» del municipio puesto que mantiene el presupuesto de años anteriores, lo que sigue siendo insuficiente a ojos de los expertos, y muy lejos del resto de municipios de España. Sobre ello, Leganemos ha puesto el foco en el gasto y no en el presupuesto, esperando que agilice los trámites: «a ver si sirve para que nos gastemos lo que dotamos todos los años, y no lo gastamos porque las ayudas nunca salen porque entre los problemas de Intervención y los técnicos nunca llegan porque no hay criterios favorables». Un punto que confirmaba la concejala de Servicios Sociales.
Se trata únicamente de la aprobación inicial por lo que ahora se abrirá un periodo de 30 días hábiles desde que se publique en el Boletín de la Comunidad de Madrid para que partidos políticos y entidades sociales hagan llegar sus propuestas a través de enmiendas, que más tarde serán valoradas por el Gobierno local para admitir (o no).
