La comisión de investigación sobre EMSULE ha retomado su actividad tras las dos querellas interpuestas contra el expresidente de la empresa pública, Miguel Ángel Recuenco (PP). Se trataba de la primera reunión después de dos años de inactividad, pero los concejales de la oposición no han salido nada convencidos de ella.
«Hoy hemos tenido la comisión de investigación de EMSULE. Ni nos han informado, ni facilitado dato alguna de las querellas presentadas», denunciaba Gema Gil, portavoz de Unidas Podemos-IU Leganés. «Nos dicen que eso está judicializado y que no nos darán información», apuntaba Carlos Delgado, portavoz de ULEG, en rueda de prensa.
En ambos casos denuncian que se trata de una decisión muy opaca puesto que no se ha hecho llegar las querellas al resto de miembros de la comisión de investigación: «Es un proceso que se hace que no tiene nada que ver con la comisión», subrayaba Delgado quien apuntaba que, aunque está de acuerdo con que se judicialice, esto ha hecho que se «pervirtiera» la comisión: «no sabemos qué está judicializado y qué no, porque se encargó a un despacho de abogados y no nos han dicho qué es lo que se pidió investigar, tampoco nos dijeron si había más informes y querellas».
Somos un atrezzo de un paripé del equipo de gobierno en el que no se tiene que investigar lo que tienen que investigar: ningún trabajador ha pasado ningún proceso selectivo.
Carlos Delgado (ULEG)
De esta forma, Delgado ha señalado que no ver las querellas solo está dificultando su labor en la comisión de investigación, algo que también estaba ocurriendo antes: «por un lado está el Morago presidente de EMSULE, y por el otro el Morago presidente de la comisión de investigación. Si le pides información o documentación a uno te dice que ese no es el foro y que hay que pedírselo al otro», denunciaba concluyendo que «la cuestión es que no quieren dar la información».
Así, tanto ULEG como Unidas Podemos-IU Leganés han reclamado poder ver las querellas y estar informados de lo que se ha solicitado investigar al despacho de abogados externo, estando de acuerdo en que «quien lo haya hecho tiene que pagarlo, pero no solo el PP, quien haya sido».
