La situación de bloque de Servicios Sociales tiene muchas aristas. Tal y como anunciamos en Leganés Activo, los 60 trabajadores de la concejalía tienen ahora mismo bloqueado su trabajo por la falta de funcionarios. Esto no solo ha afectado a todos los beneficiarios de ayudas sociales y a los trabajadores de Escuela Abierta y ayuda a domicilio, sino también a Cáritas Diocesana.
Hace dos años que se amplió el convenio que se suscribió con Cáritas Diocesana para que ampliara las responsabilidades de esta entidad en el municipio. Según la concejala de Servicios Sociales, Pilar Cano (C’s), este permitirá “la distribución de alimentos básicos, productos de limpieza y aseo personal”. Además, en las 16 parroquias realizan tareas de acogida, acompañamiento, compras, gestiones, información y asesoramiento, derivación a recursos públicos, descarga y almacenamiento.
Este año, la renovación se escenificó el pasado 7 de marzo en la sala de reuniones del Ayuntamiento de Leganés, pero en ese día no se firmó, sino que se comenzaron los trámites administrativos. Pero justo dos días antes había comenzado el inicio del bloqueo y ahora no hay nadie con autorización suficiente para poder firmarlo, ¿y qué significa esto?
Según denuncian partidos de la oposición (Leganemos y ULEG) esto pone en peligro el convenio. No firmarlo podría hacer que no se cumpla y, por tanto, deje todas las funciones que están asignadas a este convenio sin hacer. Sin embargo, fuentes de la concejalía y Cáritas quitan hierro al asunto y es que parece que hay una cláusula en el convenio que podría salvar la situación y hacer que este convenio sea lo único que no está en vilo: la firma será de efecto retroactivo.
Esta situación parece que es la que mantiene más tranquilo al equipo de Gobierno ya que desde Cáritas se ha llamado a la tranquilidad: no dejarán de hacer las labores que hay suscritas en el convenio pues, se firme cuando se firme, el convenio se hará vigente desde el 1 de enero.
Aunque este no es el único frente que tiene abierto Servicios Sociales tras el bloqueo ni tampoco el de mayor calado social pues los contratos para el programa de Escuela Abierta, los certificados acreditativos para obtener el bono social eléctrico o las altas y bajas en el servicio teleasistencia sí estarían en peligro.
