Libertad y sus dos hijos menores, de 16 y 10 años, recibieron hace un mes una de las noticias más agónicas que podían recibir: tienen una orden de desahucio para este martes 25 de julio. En plena temporada estival, la familia se ha visto obligada a cambiar la relajación de las vacaciones por la tensión de no conocer su futuro.
Hace siete años que la familia vive de okupa en este piso, propiedad de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (antiguo IVIMA), que se encontraba vacío. Un tiempo en el que se ha ganado a sus vecinos, con los que no tiene problemas: “Después de siete años esta es mi casa, tengo todas mis cosas, mis recuerdos, los niños ya han echado sus raíces aquí”, se lamenta Libertad en conversación con este periódico.
Desesperada, sin saber qué hacer y con insomnio desde que recibió la carta, Libertad reclama una solución para su caso: “No puedo hacer nada, estoy atada de pies y manos. Yo quiero pagar, ¿dónde está ese piso de alquiler social? Que el mes que no pague, me echen a la calle, ¡lo firmo!“. Y es que, reitera que “antes me quito de comer que dejar de pagar la casa. Solo necesito un techo”.
Para poder frenar el desahucio, su abogado ha alegado que se trata de una familia en situación de vulnerabilidad, es decir, “la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre”, según Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Sin embargo, el juez lo ha negado, una decisión que llama la atención poderosamente.
La familia recibe el Ingreso Mínimo Vital y para ello es necesario justificar que estás “en una situación de vulnerabilidad económica“; además, el pequeño de los hermanos tiene una discapacidad del 34% que obliga a su madre a cuidar de él impidiendo que pueda trabajar por lo que recibe una pensión compensatoria. “Llego justísima a fin de mes. Me quito de cenar para poder darle de comer a mis hijos, hago malabares con el dinero, pero no he dejado de pagar nada”.
Para arropar a la familia, la PAH ha convocado un Stop Desahucios a las puertas de la vivienda afectada en Leganés Norte (Avda María Guerrero, 60) a las 8:30 de la mañana de este martes.
El Supremo llama a proteger a los menores
Tan solo quedan cuatro días para la fecha señalada y durante este tiempo la familia ha recibido un apoyo inesperado, y es que este mismo jueves el Tribunal Supremo dictaba una sentencia en contra de la AVS por desahuciar a una familia en condiciones similares a las de Libertad.
Según publica la Agencia EFE y recoge La Vanguardia, en una sentencia sobre un desahucio ocurrido en 2019 de una familia con dos menores, el Supremo señala la obligación del juzgado de “verificar de forma previa y de manera fehaciente las medidas de cautela necesarias para asegurar su debida protección”. Unas medidas que no se han adoptado en este caso pues se les ha negado el alquiler social.
Además, desde la PAH se señala que aún está en vigor el Real Decreto por el que se prohíbe el desahucio de personas vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2023. Ante todo esto, se espera que el desahucio puede pararse y, al menos, se dicte una prórroga para poder otorgar una alternativa habitacional a la familia a la que poder ir tras el lanzamiento.
