El precio de la vivienda en Leganés sigue sin encontrar freno. El mercado inmobiliario parece no tener techo y la ciudad es uno de los territorios que está sufriendo esta presión de precios en los últimos años. Según el Servicio de Estudios Tinsa, la vivienda no ha hecho más que subir y ha llegado a subir en torno a un 16% desde la pandemia. La cifra es muy similar a la facilitada por otros estudios de portales inmobiliarios como Tecnocasa o Idealista.
Según podemos ver en los datos del grupo Tinsa, hay que remontarse al primer trimestre de 2017 para ver el valor mínimo de la vivienda con 1.544 € por metro cuadrado. Un valor muy por debajo de los 2.204 € por metro cuadrado registrado de media en las tasaciones del tercer trimestre de 2023.
La vivienda tipo es un piso de entre 10 y 20 años de antigüedad, con 3 o 4 dormitorios y de 70 y 90 metros cuadrados. No obstante, estos precios van variando en función de las características de cada inmueble. Según Fotocasa, un piso con terraza tiene un valor de 2.238 € por metro cuadrado o 2.655 € por metro cuadrado si tiene parking.
Negativa a que Leganés sea ‘zona tensionada’
El último informe de Tinsa recoge el “esfuerzo teórico de compra”, es decir, el porcentaje de renta disponible que se debe dedicar a pagar el primer año de hipoteca. En el caso de Leganés, las familias deberían destinar el 42% de su renta. Esto lo sitúa por encima del “nivel de accesibilidad razonable” del 35%, tal y como recoge la Cadena SER.
Ante esta situación, tanto Podemos como Más Madrid registró en Leganés una petición para declarar ‘zona tensionada’ la ciudad. Aunque la izquierda apoyó la moción, el Gobierno en pleno (PP y ULEG), se negó a ello ya que el PP critica que esta Ley de Vivienda. Según el partido, «desincentiva» tanto a las constructoras como a los propietarios: «si la oferta cae y la demanda sube, suben los precios. Lo natural es que el precio aumente en el caso de que ustedes hagan un intervencionismo en el mercado».
En este sentido, el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), apostaba por defender que «lo que se necesita es un marco de seguridad jurídica para el propietario, no fomentar la okupación, y también para el arrendatario que cumple en tiempo y forma. Y al mismo tiempo aumentando la oferta de vivienda en alquiler a través de aumentar la oferta del suelo».
