La reciente operación llevada a cabo por la Policía Nacional en las localidades de Leganés y Seseña ha sacado a la luz un caso alarmante de falsificación en la industria alimentaria. Una red delictiva operó durante cinco años en ambas localidades estafando hasta 17 millones de euros mediante la exportación de jamones con sellos sanitarios falsificados.
El grupo, que ejercía roles de liderazgo en una empresa dedicada al despiece cárnico en Leganés, presuntamente falsificó sellos sanitarios durante cinco años para exportar jamones de manera ilegal. El modus operandi de la red consistía en utilizar el sello legal de otra empresa para atribuir aparente legalidad a los productos. Así, distribuían los jamones a los clientes, quienes a su vez los exportaban sin conocer la ilegalidad del proceso.
La investigación se inició en agosto del año pasado ante las sospechas de uno de los clientes. La operación culminó con una inspección conjunta de la Policía Nacional, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, así como inspectores de la Consejería de Sanidad de Madrid y Toledo. Durante los registros, se encontró el sello falso en la nave de Leganés, lo que llevó a la detención de los seis individuos responsables, quienes enfrentan cargos por pertenencia a grupo criminal, estafa y falsificación documental.
Durante los registros se encontró gran parte de la mercancía. Las autoridades sanitarias inmovilizaron y destruyeron diez palets de carne almacenados en las cámaras frigoríficas de la empresa. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial.
Un grave caso contra la seguridad alimentaria
Este caso no solo representa una violación grave de las normativas sanitarias y comerciales, sino que también subraya la importancia de la trazabilidad y la autenticidad en la cadena de suministro de alimentos. Los sellos sanitarios son una garantía de calidad y seguridad para los consumidores, y su falsificación compromete la confianza en el sistema de control alimentario.
Este incidente resalta la necesidad de medidas de seguridad más estrictas y avanzadas tecnologías de verificación para prevenir la falsificación. Además, enfatiza la importancia de la colaboración interinstitucional, como se demostró con la participación de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y los Inspectores de la Consejería de Sanidad en la inspección y detención de los responsables.
Este caso debe servir como un llamado a la acción para fortalecer los controles y proteger a los consumidores de prácticas fraudulentas que puedan poner en peligro su bienestar.
