El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid está en el punto de mira después de una investigación periodística de eldiario.es. Durante la pasada legislatura, se podrían haber adjudicado hasta cinco reformas integrales de centros educativos de Formación Profesional sin contrato y trozeando las facturas para no pasar por los controles legales obligatorios.
Tal y como informa el citado medio, en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid no existen expedientes y contratos relacionados con la reforma de cinco centros que sí que los han sufrido. Entre ellos, la Escuela Oficial de Idiomas y el Centro Territorial de Innovación y Formación Sur (CTIF), ambos ubicados en Leganés.
Las reformas fueron integrales por lo que su precio habría ascendido de los 40.000 € más IVA, lo que obliga por ley a las administraciones a hacer un pliego y adjudicarlo a través de la Mesa de Contratación. Con controles y garantías. Pero no fue así. No existe expediente en el Portal de Contratación y tampoco contratos menores. Las reformas fueron adjudicadas, por tanto, a dedo, tal y como una de las empresas habría confirmado al medio.
Según eldiario.es, el modus operandi de la concejalía de Educación durante la pasada legislatura, en manos de Enrique Ossorio, ahora presidente de la Asamblea de Madrid, habría sido realizar las obras a través de pequeñas facturas pagadas con los fondos propios de los centros: «es la única manera de abonarlo fuera del radar y la inspección». Una práctica que habría sido irregular.
Más Madrid pide explicaciones a la Asamblea
Ante estas acusaciones, Más Madrid ha solicitado explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitando un Pleno extraordinario. “Estamos ante un posible nuevo caso de corrupción del PP que requiere explicaciones inmediatas. El consejero Viciana debe comparecer y dar explicaciones de inmediato”, ha asegurado Manuel Bergerot.
Este viernes la Junta de Portavoces debatirá si es necesario o no convocarlo. En caso de que no sea, Más Madrid ha recordado que, además de la solicitud del pleno extraordinario, ha presentado una treintena de iniciativas parlamentarias para fiscalizar las cuentas y los contratos de FP. Estas incluyen quince preguntas al consejero de Educación, cuatro al Consejo de Gobierno, dos iniciativas para que la Cámara de Cuentas ejerza su función fiscalizadora y once preguntas dirigidas a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones.
“Estas iniciativas son aún más urgentes ahora que sabemos que el problema es más extenso de lo que inicialmente pensábamos”, ha señalado Bergerot. “Necesitamos saber si este patrón de fraccionar contratos se ha extendido a otros centros educativos de la región, como el Centro Territorial de Innovación y Formación Sur de Leganés o el IES Pío Baroja, donde también hemos detectado irregularidades”, han sentenciado.
