El Gobierno de Leganés, gobernado por PP y ULEG, firmó el 21 de mayo de 2025 un acuerdo con la Federación Local de Asociaciones Vecinales (FLAV) para el uso del remanente de tesorería municipal, estimado en más de 85 millones de euros. El objetivo: ejecutar inversiones en infraestructuras, servicios públicos, cultura, vivienda y mejoras urbanas. Sin embargo, este acuerdo no tiene carácter vinculante y su ejecución está condicionada a la aprobación de modificaciones presupuestarias por parte del Pleno.
Tal y como figura en el propio documento oficial del acuerdo entre Ayuntamiento-FLAV, el texto “no condiciona ni la acción política del gobierno ni la acción social-vecinal de la Federación” y se aplicará “sujeto al cumplimiento de las exigencias técnico-administrativas y legales que correspondan”. Esto significa que el acuerdo no es jurídicamente obligatorio, sino una hoja de trabajo conjunta entre gobierno y movimiento vecinal.
El plan de inversiones incluye obras y proyectos en 2025 y 2026
Entre las actuaciones destacadas están la reforma de aceras en Leganés Norte, la climatización de escuelas infantiles, contenedores soterrados, zonas verdes, huertos urbanos, baños públicos en parques, carriles bici y nuevos centros cívicos. También se contempla la adquisición de viviendas para alquiler social, con una partida específica de 2 millones de euros transferida a EMSULE.
El acuerdo recoge un calendario de licitaciones y ejecución de obras que comienza en mayo de 2025 y se extiende hasta diciembre, cuando ambas partes realizarán una evaluación del grado de cumplimiento.
Desigualdad entre barrios: Zarzaquemada casi invisible
Uno de los aspectos más llamativos del documento es la desigual distribución de las actuaciones por barrios. Mientras zonas como Leganés Norte, La Fortuna, Vereda de los Estudiantes o San Nicasio concentran gran parte de las intervenciones anunciadas, barrios históricos como Zarzaquemada apenas figuran.
En los listados oficiales de obras y proyectos, Zarzaquemada solo aparece referenciado de forma indirecta, sin actuaciones específicas asignadas. Frente a ello, Leganés Norte tiene asignadas la reforma de aceras, un nuevo Centro Cultural y proyectos de alumbrado, mientras que Vereda contará con un centro cívico, nuevas zonas verdes, ensanche de aceras y carriles bici.
La Fortuna y San Nicasio concentran también múltiples propuestas, incluidos contenedores soterrados, pasos peatonales elevados, obras de accesibilidad y renovación de infraestructuras deportivas.
Esta descompensación territorial ha generado inquietud entre vecinos de barrios con fuerte densidad de población como Zarzaquemada, donde las necesidades sociales y urbanas siguen pendientes de respuesta. No obstante, la AV Zarzaquemada no se ha pronunciado al respecto.
Necesario el apoyo de la oposición para aprobar las inversiones
Pese al anuncio y la puesta en escena institucional donde el PP defiende que el acuerdo «no es humo», el acuerdo no puede ejecutarse sin mayoría en el Pleno. Por ello, tanto el equipo de Gobierno como la FLAV han iniciado una campaña pública para solicitar el respaldo de los grupos de la oposición.
Desde el Partido Popular, el alcalde Miguel Ángel Recuenco ha lanzado un mensaje directo: “¿Qué político puede votar en contra de que se repare el Centro Cultural o las aceras de Leganés Norte?”. En su comunicado, el PP critica la falta de implicación de PSOE y VOX en la negociación y advierte del riesgo de que “el inmovilismo frene el avance de la ciudad”.
Una propuesta de inversión que depende del consenso político
La Federación de Asociaciones Vecinales ha valorado positivamente el acuerdo, destacando que responde a “demandas históricas” de los barrios. No obstante, reconoce que queda trabajo por delante: la concreción de los proyectos, el seguimiento técnico y, sobre todo, la aprobación de los recursos necesarios por parte del Pleno Municipal.
En resumen, el acuerdo Leganés-FLAV representa un plan ambicioso de inversión en barrios y servicios, pero sin garantías de ejecución hasta que se aprueben las modificaciones presupuestarias necesarias. El destino de los más de 85 millones en propuestas dependerá ahora del debate político que se abre en el seno del Ayuntamiento.
