El secretario general del PSOE de Leganés, Miguel Recuenco, ha ofrecido una rueda de prensa arropado por militantes, concejales y altos cargos orgánicos del partido tras las críticas por resultar adjudicatario de una vivienda pública de EMSULE. “Detrás de todo hay un ataque político y no un caso de corrupción”, ha afirmado.
En las últimas semanas, Recuenco (PSOE) ha sido acusado de recibir un presunto “trato de favor” en el sorteo. Para rebatirlo, ha expuesto un informe notarial y una declaración certificada de la empresa responsable de los bombos. Según él, ambos documentos acreditan que el proceso fue totalmente aleatorio.
“Ningún cargo político, ningún técnico, ningún trabajador podría intervenir en el resultado. La empresa afirma que es materialmente imposible que haya ningún amaño”, ha señalado. “No puede haber espacio para el favoritismo”.
“Aquí no hay caso”
Recuenco ha destacado que “también una militante del PP resultó agraciada”, cuestionando: “¿eso no molesta?”. A su juicio, “aquí no hay caso”, sino “una campaña de manipulación para distraer del verdadero drama que vive la ciudad”.
Ha defendido que la polémica no se dirige al procedimiento de adjudicación, sino a él personalmente por, según asegura, haber “destapado el mayor escándalo de vivienda de los últimos años en Leganés”: la renuncia del Gobierno de PP y ULEG a construir 108 viviendas de alquiler.
“No renunciaré a la vivienda”
El líder socialista ha insistido en que no renunciará a la vivienda adjudicada. “El derecho a usar lo público” es clave para él y considera que renunciar “lanzaría un mensaje muy perverso”. En palabras de Recuenco, “estaríamos diciendo a otras 133 familias que también han resultado adjudicatarios, que no tendrían derecho a presentarse a unas elecciones”.
Tampoco renunciaría en caso de ser elegido concejal, puesto que al ser en régimen de compra-venta no incumpliría los requisitos salariales ya que solo se comprueban en el momento del acceso: “Me comprometo a que no especularé con esta vivienda”, ha sentenciado. “Para mí la política es una etapa pasajera”. A su juicio, “ahora mismo no hay un debate sobre los requisitos, sino un intento de convertir un proceso administrativo en un arma política”.
“Si creen que hay delito, que lo lleven al juzgado”
Recuenco sostiene que está siendo objeto de una “persecución” e insta al Gobierno de PP y ULEG a acudir a los tribunales. “No lo harán porque saben que no hay nada ilegal”, ha defendido.
Además, ha solicitado a EMSULE un certificado de legalidad del proceso, que debe firmar el presidente del Consejo de Administración, Javier Oporto (PP), así como el certificado de cumplimiento de requisitos e informes jurídicos, si existen. “¿Van a firmarlo reconociendo la legalidad del procedimiento o van a bloquearlo por intereses políticos?”, ha preguntado. “Lo que no consiguen con su negligente gestión municipal, lo intentan hacer con el fango”.
