La Comunidad de Madrid sorprendió este miércoles anunciando 21,8 millones de euros para las seis universidades públicas madrileñas, justo el día antes de la mayor huelga universitaria en años. El timing no ha pasado desapercibido y se interpreta como un intento de desactivar la protesta más que como una apuesta real por la educación superior.
La medida llega cuando el sistema universitario público madrileño denuncia un estrangulamiento presupuestario crónico que —según las plataformas convocantes— pone en riesgo la propia existencia de las universidades públicas.
Una huelga histórica en defensa de la universidad pública
La protesta, convocada para 26 y 27 de noviembre, la impulsa la Coordinadora de Plataformas en Defensa de las 6 Universidades Públicas Madrileñas y cuenta con el respaldo legal de CCOO, CGT, CNT y UGT. El mensaje es claro: sin financiación estable no hay universidad pública posible.
Además, rechazan la nueva ley autonómica de universidades (LESUC), que consideran un paso hacia la privatización y un mecanismo que permitiría al Gobierno madrileño controlar aún más las instituciones públicas.
Para la comunidad universitaria, el problema no es solo la falta de fondos: es la amenaza a la igualdad de oportunidades, al acceso justo a los estudios superiores y al futuro de miles de profesionales que viven en condiciones precarias dentro del sistema.
Un “parche” que no convence a nadie
El anuncio incluye una transferencia directa a cada universidad:
- Complutense: 6,3 M€
- Politécnica: 3,6 M€
- Rey Juan Carlos: 4,5 M€
- Autónoma: 2,9 M€
- Carlos III: 2,3 M€
- Alcalá: 2 M€
Desde las plataformas universitarias lo tienen claro: No es una solución, es un parche”. Esta inyección puntual no corrige la infrafinanciación y no sustituye la necesidad de un plan estable.
Movilizaciones: concentración y manifestación
La huelga llama a la comunidad universitaria a movilizarse en dos actos principales:
- Miércoles 26, 15:30 h – Concentración ante la Consejería de Educación (C/ Alcalá 32).
- Jueves 27, 18:00 h – Manifestación desde Atocha hasta Sol.
La batalla entre el Gobierno regional y la comunidad universitaria no ha hecho más que empezar. Ayuso presume de inversión; estudiantes y personal responden que llega tarde, es insuficiente y no frena el deterioro de la universidad pública.
