La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en Leganés. Seis personas han sido detenidas por su presunta implicación. También se ha detectado la venta de drogas en el mismo local que ahora ha sido clausurado temporalmente.
Una mujer y su hermano son los presuntos cabecillas de una organización criminal dedicada al control de una red de explotación sexual. Las investigaciones, según publica Europa Press, apuntan a que las víctimas eran coaccionadas y obligadas a participar en contra de su voluntad, mientras los cabecillas las vigilaban por un sistema de grabación instalado en el local y una vivienda anexa.
Todo llegó a oídos de la Policía Nacional en noviembre de 2025 y, tras las primeras pesquisas comprobaron que las mujeres llegaban a trabajar hasta 13 horas por jornada, sin poder abandonar el local libremente. Así carecían de intimidad, libertad ni descanso; así como de espacio suficiente para sus enseres.
Obligadas a consumir sustancias
Supuestamente, la organización había pactado un reparto del 50% de los beneficios con las mujeres pero estas nunca llegaron a percibir el dinero. Además, eran sancionadas con 20 € de multa si incumplían las normas: no salir, aceptar las exigencias del cliente e incluso consumir drogas con ellos durante los servicios.
La droga era suministrada, según la Policía, por el hermano de la principal investigada y la mujer de este.
Controladas en las viviendas
Para poder controlar sus movimientos, algunas vivían en viviendas próximas al establecimiento alquiladas por uno de los detenidos, acusado de ser cabecilla de la trama. Otras, vivían incluso en el propio local en difíciles condiciones.
El pasado 15 de octubre, los agentes realizaron entradas y registros tanto en el local como en la vivienda anexa, donde intervinieron sustancias estupefacientes ocultas en productos de higiene, material informático y abundante documentación.
Los seis arrestados están investigados como presuntos responsables de delitos relativos a la prostitución, agresión sexual, organización criminal y contra la salud pública. Todos ellos fueron puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial.
