«Nos ha dejado indefensos», así se sienten los familiares de los residentes fallecidos de Vitalia Home tras el archivo de su querella. «Ni siquiera se ha mirado la documentación que presentamos»
La magistrada del Juzgado número 5 de Primera Instancia e Instrucción de Leganés, Mónica Boticario Martín, ha archivado la querella por la muerte de 29 personas en varias residencias de la ciudad. Se trata de dos querellas, una realizada por familias adheridas a la Marea de Residencias, y otra por el Comité de Familiares de Vitalia Home Leganés.
Después del periplo judicial que llevó a la querella del Comité de Familiares de Vitalia Home Leganés a derivarse entre el juzgado número 1 y el número 5, en el mes de enero se admitía a trámite y se unía con la Marea. Sin embargo, mientras que la Marea señalaba a los cargos políticos como responsables, el Comité de Familiares sólo reclamaba que se investigaran las muertes.
Según el Comité, esta investigación no se ha hecho y se ha limitado a reclamar los informes de los hospitales que, en ocasiones, no coinciden con los presentados por la residencia: «nuestra querella basa la argumentación en que se hagan diligencias y se investigue, y no nos contesta, nos ignora; en el auto contesta todo lo manifestado por la Marea pero a nosotros no». En este auto se reflejan los 29 casos uno por uno señalando la situación de cada residente «pero los datos no son correctos».
“De la historia clínica de todos ellos se desprende que se trataba de personas con importantes antecedentes médicos y patológicos, y que a todos ellos se le prestó la asistencia médica, asistencial, y hospitalaria que las circunstancias permitieron, y adecuada a su situación basal en esos momentos”
— Auto judicial
«Intenta justificar que todos los residentes fallecidos tenían patologías previas pero hay datos que son erróneos», reclaman. Así, exponen que muchas fechas o diagnósticos no coinciden. En el caso de Felix, residente de Vitalia Home, la magistrada señala que falleció sin sin que se considerase que era causa del COVID a pesar de que el certificado de defunción, adjuntado en la querella, lo registra como causa de la muerte: «No ha mirado ni siquiera la documentación que se adjuntaba», se señala desde el Comité.
Ante esta situación, en la jornada de ayer el Comité de Familiares ha interpuesto recurso de apelación en la Audiencia Provincial donde se reclama que la magistrada no ha llevado a cabo ninguna de las diligencias que se han solicitado. «Nos ha dejado indefensos», lamentan, añadiendo que este auto les ha quitado las esperanzas «pero solo pedimos que se investigue».
Responsabilidad de cargos políticos
Esta magistrada ya desestimó una querella anterior interpuesta por la Marea de Residencias contra la gestión de cuatro residencias en Leganés ya que, según figura en el auto, la querella se basa en «meras conjeturas y subjetividades» eximiendo además a los directores puesto que «se les presenta como meros ejecutantes de las directrices de la Comunidad de Madrid, autoridad a la que se debían, al menos desde el 12 de marzo que se decretó su medicalización».
Queremos que se diriman responsabilidades de lo que ha ocurrido en las residencias con la COVID. Las administraciones tienen que dar explicaciones del trato que recibieron las personas mayores en las residencias, y no descansaremos hasta lograrlo. pic.twitter.com/htmoHFpEQK
— Marea de Residencias (@MareaResidencia) July 18, 2021
Según relata infoLibre, este nuevo auto concluye que, tras estudiar «todos los protocolos y resoluciones aprobadas por las distintas Administraciones Públicas para intentar paliar, regular y coordinar la actuación en este tipo de centros», no encuentra indicios de delito por lo que procede al archivo de las dos querellas. No obstante, en esta documentación no se menciona el Protocolo de Exclusión que prohibía a los hospitales admitir el ingreso de residentes que no tuvieran alto grado de dependencia o deterioro cognitivo.
