La Comunidad de Madrid se personará como acusación popular en la causa por el asesinato machista de una mujer de 34 años en Leganés. La víctima fue encontrada sin vida el pasado 19 de septiembre en su domicilio del barrio de Zarzaquemada, después de haber recibido varias puñaladas presuntamente a manos de quien había sido su pareja.
El Consejo de Gobierno regional ha conocido este miércoles, 21 de octubre, la decisión de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de encomendar a la Abogacía General las actuaciones judiciales correspondientes.
La medida permitirá a la Administración autonómica intervenir en el procedimiento penal como acusación popular, una facultad prevista en la legislación madrileña contra la violencia de género.
El asesinato machista de Zarzaquemada
El crimen conmocionó a Leganés el pasado 19 de septiembre. La víctima, una mujer española de 34 años, fue localizada sin vida en una vivienda situada en el número 19 de la calle Moraña.
Fue su padre quien acudió al domicilio después de llevar un tiempo sin noticias de ella. Al encontrar la casa revuelta, alertó a la Policía Nacional, cuyos agentes localizaron el cuerpo con signos de violencia y un cuchillo con aparentes restos de sangre.
La investigación quedó en manos del Grupo VI de Homicidios y de especialistas de Policía Científica.
Tras confirmarse el carácter machista del crimen, el Ayuntamiento de Leganés condenó el asesinato y convocó una concentración de cinco minutos de silencio en la plaza de España, como muestra de rechazo y recuerdo a la víctima.
La Comunidad de Madrid ejercerá la acusación popular
La personación anunciada este miércoles forma parte de las medidas previstas en la legislación autonómica de protección frente a la violencia contra las mujeres.
La Comunidad de Madrid también ejercerá la acusación popular en el procedimiento por la muerte de una mujer de 88 años en San Sebastián de los Reyes, fallecida tras sufrir heridas graves presuntamente causadas por su expareja.
En ambos casos, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha encomendado a la Abogacía General el ejercicio de las acciones judiciales.
Desde 2016, el Gobierno regional ha ejercido esta facultad en 82 causas penales, según los datos facilitados por la Comunidad de Madrid.
La decisión supone la incorporación de la Administración autonómica a los procedimientos judiciales, sin prejuzgar la responsabilidad penal de las personas investigadas.
