AROA DÍAZ / En un documento oficial remitido al grupo independiente ULEG, el actual jefe de la Asesoría Judicial del Ayuntamiento de Leganés, Gonzalo Ruiz, niega la existencia de la documentación relacionada con la contratación del abogado Gonzalo Boyé. Una información que contrasta con las aseveraciones del alcalde Jesús Gómez.

El pasado 2 de septiembre, el jefe de sección de contratación del Ayuntamiento, Don José Guijarro, solicitó al departamento de Asesoría Jurídica los documentos relacionados con la contratación de Boyé. Pasados 27 días llegó la respuesta a su despacho.

«Pongo en su conocimiento que en esta Asesoría Jurídica no consta documentación alguna referente a expedientes relacionados con el citado señor o con su despacho de abogados«, reza el documento. 

Una declaración que contrasta frontalmente con la versión sostenida hasta el momento por las fuentes oficiales del Ayuntamiento quienes, en su día, declararon a elconfidencial.com que la plaza para la acusación en el ‘caso Facturas’ contra el PSOE local, fue llevada a concurso y ganada por el polémico penalista. No obstante, aún cabe la posibilidad de la existencia de una «hoja de encargo» -similar al contrato por servicio- con la que se firmase el acuerdo.

De ser así, los funcionarios del Consistorio deberían contar con una copia del contrato así como del proceso de licitación y de las propuestas rechazadas. No obstante, según afirma el documento, dicha documentación no está en los archivos de la Asesoría Jurídica.

Por otra parte, dicho anuncio tampoco aparece en el histórico de licitaciones y contrataciones público ofrecido por el Ayuntamiento de Leganés y en el que figuran los procesos concursales que se han llevado a cabo durante esta legislatura.

Para Carlos Delgado, portavoz de ULEG, este documento certifica la ausencia de un proceso claro en la contratación del abogado y editor de la revista Mongolia y, asegura, «deja claro» que se trata de un procedimiento realizado por Jesús Gómez unilateralmente. No obstante, recordamos, aún cabe la posibilidad de la existencia de una «hoja de encargo» -similar al contrato por servicio- con la que se firmase el acuerdo.

AROA DÍAZ  / Por segunda vez, los tribunales desestiman el recurso interpuesto por la oposición contra la forma en la que se aprobaron los presupuestos generales de Leganés -en Junta de Gobierno en lugar de en Pleno municipal- entendiendo que el aceptar el recurso sería perjudicial para el municipio eliminando sus presupuestos a tan sólo ocho meses del fin de la legislatura.

Este viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado ante el recurso presentado por los partidos de la oposición contra la forma en la que se aprobaron los presupuestos en pasado año. Bajo el punto de vista de estos partidos, se realizó a través de una maniobra «oscura» y un procedimiento «opaco«.

Recordemos que, al no haber consenso en la cámara de plenos, el propio Partido Popular se abstuvo en la votación final para, más tarde, poder debatir y aprobar los mismos en Junta de Gobierno, donde está representado únicamente el Gobierno local.

No obstante, para el TSJM «sería más gravoso para los intereses generales la suspensión que la ejecución del mismo«, en referencia al presupuesto. Así, alega que los portavoces de PSOE, IU y ULEG, firmantes del recurso «no han acreditado perjuicios ciertos e indubitados de carácter irreparable que permitan suspender la ejecutividad de una disposición general, que por su carácter normativo trasciende el interés de unos determinados grupos políticos«.

Reacciones ante la sentencia

Estas alegaciones han caído muy bien en la sede popular local cuyo representante, el alcalde Jesús Gómez, ha celebrado que «una vez más la justicia nos da la razón tras el enésimo intento de la oposición de paralizar la ciudad».

«En lo básico es el mensaje que desde el Gobierno municipal del Partido Popular lanzamos a la oposición cada vez que nuestras iniciativas son bloqueadas: ustedes no nos perjudican a nosotros, ustedes están perjudicando a la ciudad que es la que nos ha elegido para defenderla, no para perjudicarla«. 

Por su parte, los grupos de la oposición mantienen su posición en contra del procedimiento seguido y aseguran que no se trata de intereses propios sino de unos presupuestos «no legitimados» ya que no están votados por los representantes de la oposición.