El pasado día 10 de diciembre, los populares expresaron a través del edil de Hacienda, José Javier De Diego, que los presupuestos para el 2014 aún no están listos. A pesar de ello, el alcalde ha informado que, de no ser aprobados, despedirá a un total de 375 personas.
El resto de partidos se han mostrado indignados ante la ‘amenaza’ de Jesús Gómez. Éste aseguró en el Pleno que sus palabras no se pueden considerar como una amenaza pero, aún así, se reafirmó en llevar a cabo el despido de 375 interinos si no se da el visto bueno a los presupuestos inexistentes.
Reinaldo López, miembro del gabinete de prensa del PSOE, afirmó en declaraciones a Leganés Activo, es posible que dichos despidos tengan lugar el 28 de diciembre. En ese mismo día, el año pasado, el alcalde Jesús Gómez despidió a 38 personas que posteriormente fueron readmitidas por la mediación de un organismo judicial.
El Ayuntamiento encadena ya tres meses de retraso en la presentación de los presupuestos, que deberían haberse presentado el pasado mes de octubre. Si dichos presupuestos no se realizan a tiempo, quedarán prorrogados automáticamente los ahora existentes. Es decir, los presupuestos del 2012 se emplearían para el 2014, tal y como ocurrió el pasado año, ya que tampoco fueron presentados a tiempo.
En relación a los presupuestos, el Gobierno presentó en el pasado Pleno cuatro ordenanzas fiscales, aunque también fuera de plazo. Este retraso provocará a su vez un retraso en su aplicación que podría alargarse, incluso, hasta 2015. Este hecho, implicaría un descenso en los ingresos municipales ya que estos textos recogen la manera en que el Ayuntamiento los obtendrá.
Tan solo dos de ellas han sido aprobadas. El pago fraccionado de tasas municipales y la posibilidad de las personas jurídicas de acogerse a esta forma de pago. Estas ordenanzas permitirán que los impuestos y las tasas municipales se puedan fraccionar en hasta 10 meses. Gracias a la introducción de las personas jurídicas, los comercios y empresas también podrán beneficiarse de esta medida. PSOE y ULEG se abstuvieron de votarlas, permitiendo así su aprobación.
No obstante, el PSOE votó en contra del resto de ordenanzas, que consistirían en gravar la documentación administrativa y las plusvalías municipales. La primera medida se traducirá en la instauración de una tasa por los impresos y solicitudes expedidos por el Ayuntamiento. Y la segunda en el aumento de un impuesto de compraventa que afecta, entre otras cosas, a las herencias.
Dichas plusvalías están actualmente subiendo debido a las ejecuciones hipotecarias y a las daciones en pago. Personas que hayan perdido su casa se verían obligadas a pagar dicho impuesto a pesar de haberse desprendido de su vivienda. Además de ello, se ha planteado subir este impuesto hasta un 260% en viviendas unifamiliares del barrio de los Derechos Humanos y hasta un 25% en viviendas de protección oficial. El antiguo alcalde socialista, Rafael Gómez Montoya, declaró durante el debate de las ordenanzas que «el PP sigue demostrando así, que sube los impuestos de manera consciente y expresa».
