Un informe jurídico de EMSULE detecta un posible fraccionamiento de contrato en el sorteo de viviendas públicas de 2023

Un informe jurídico interno de la Empresa Municipal del Suelo (EMSULE) ha detectado posibles irregularidades en los contratos adjudicados para organizar el sorteo de viviendas públicas celebrado en junio de 2023, bajo el anterior Gobierno socialista de Santiago Llorente (PSOE).

Según la asesoría jurídica de la empresa pública, los 17 contratos menores firmados para preparar el evento —por un importe total de más de 100.000 euros— podrían vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público por un presunto fraccionamiento de contrato.

17 contratos menores sin concurso público

El informe de los técnicos de EMSULE, analiza la contratación de servicios como moquetas, bombos, sonido, publicidad, sillas, seguridad o seguros para el sorteo celebrado el 5 de junio de 2023 en el Pabellón Europa. Informes de los que ya se habló al inicio de legislatura.

En total, el gasto ascendió a 102.894 euros, distribuidos en 17 contratos diferentes adjudicados sin concurso público. Algunos ejemplos son:

  • 32.498 € en moquetas
  • 14.919 € en bombos para el sorteo
  • 13.743 € en sonido
  • 21.120 € en publicidad y propaganda
  • 5.341 € en seguridad y emergencias

Además, parte del gasto se imputó a un contrato de reparaciones de viviendas en alquiler, lo que el informe considera una desviación del objeto del contrato.

Los técnicos de EMSULE advierten que los contratos presentan “una unidad funcional y vínculo operativo” que no permite tratarlos como independientes, lo que implicaría un fraccionamiento contrario a la ley. En palabras del informe:

“Se han vulnerado los umbrales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y se ha fraccionado un contrato.”

El informe apunta a la etapa del Gobierno socialista

Durante aquel periodo, el presidente de EMSULE era el entonces alcalde Santiago Llorente (PSOE) y el presidente del Consejo de Administración de la empresa, el actual portavoz del grupo socialista Javier Márquez.

La asesoría jurídica subraya que los encargos fueron realizados “a dedo” a distintas empresas, sin que se convocara ningún procedimiento abierto o de licitación pública.

Oporto: “No tengo competencias para certificar la legalidad del sorteo”

El actual presidente del Consejo de Administración de EMSULE y concejal de Urbanismo, Francisco Javier Oporto (PP), ha confirmado que existe un informe jurídico que advierte de estas posibles irregularidades.

“El secretario general del PSOE de Leganés me ha pedido un certificado sobre la legalidad del sorteo en el que fue adjudicatario de una vivienda pública. No tengo competencias para emitirlo, pero sí puedo decir que el informe aprecia irregularidades por fraccionamiento de contrato en los trabajos previos al sorteo”

concejal de Urbanismo, Francisco Javier Oporto (PP)

El edil recordó que él no formó parte del proceso de adjudicación ni de la organización del evento, celebrado bajo la gestión del anterior gobierno local.

Un sorteo con 350 viviendas adjudicadas

El acto en cuestión correspondía a la adjudicación de 350 viviendas públicas:

  • 134 en venta, en el barrio de Solagua
  • 216 en alquiler, en dos promociones en Puerta de Fuenlabrada.

La celebración de este sorteo congregó a cientos de familias aspirantes. Ahora, su organización queda bajo revisión interna.

“No sabemos ni con qué profesora irá mi hijo”: el enfado de las familias de la EI Koala de Leganés

2

Las familias de la Escuela Infantil Koala de Leganés han estallado ante la última decisión del centro. A partir de la próxima semana, 4 niños y niñas de dos años y diez de bebés serán cambiados de aula para formar un grupo mixto con menores de 0, 1 y 2 años, una decisión que ha desatado el malestar entre las familias, que aseguran no haber recibido información ni explicaciones pedagógicas sobre el motivo de este cambio.

PSOE de Leganés daba la voz de alarma denuncian que esta decisión es «improvisada y perjudicial para la comunidad educativa». Varias familias han denunciado a LEGANÉS ACTIVO que la medida no se apoya en criterios educativos, sino en razones económicas derivadas de la gestión de la empresa que dirige el centro, Kirikú Galo S.L., de origen cántabro.

“No nos han dicho con qué profesora irá ni dónde estará mi hija”

Sara, madre afectada por esta decisión, denuncia falta total de transparencia. “Nos han mandado correos contradictorios y a día de hoy no sabemos en qué aula van a ir nuestros hijos, con qué proyecto educativo, ni quién será su profesora”, lamenta.

La madre asegura que no se ha facilitado ningún plan pedagógico sobre la nueva aula mixta. “Mi hija tiene dos años, ya se viste y come sola, y ahora la quieren meter con bebés de menos de un año. Va a sufrir un retroceso”, afirma.

El malestar se arrastra desde el pasado lunes, cuando se comunicó la noticia. Fue a las puertas del centro, en una reunión entre la dirección, la concejala de Educación, Mercedes Neria (ULEG) y las 14 familias afectadas. “Se ha impuesto sin margen para reaccionar, y es obligatorio», critica.

“Nos dijeron que quizá cerraban la escuela”

María, madre de otro de los niños afectados denuncia en Leganés Activo que esta medida no tiene base pedagógica, sino económica. “La concejala nos reconoció que la empresa tenía problemas económicos y que no les estaban pagando a tiempo», explica.

Así, critica también la selección se haya hecho en base a la edad de los niños, escogiendo a los nacidos en diciembre, y no a criterios educativos. “Esto los perjudica para el próximo curso, cuando pasen al colegio con 3 años”.

La baja de un maestro: el detonante

Las familias sostienen que todo el problema parte de la falta de personal de apoyo, un puesto que no se ha cubierto pese a ser obligatorio por pliego. Cuando algunas madres reclamaron su reposición, recibieron —según aseguran— “presiones” y poco después se anunció la reorganización de aulas como “solución”.

Una solución criticada por las familias que ha obtenido el visto bueno del Gobierno local y la Comunidad de Madrid. A pesar de que -según transmiten las familias- podría haber obtenido el informe negativo de Inspección de Educación.

El Ayuntamiento defiende la decisión

En Leganés Activo nos hemos puesto en contacto con el Gobierno local sin obtener respuesta. No obstante, la concejala de Educación, Mercedes Neria (ULEG), sí han respondido a Cadena SER, asegurando que la decisión se debe a la falta de matriculación en el centro -y por tanto de ingresos-, que cuenta con 27 plazas vacantes.

Según la edil, se pasará de tres aulas de 2-3 años a dos, unificando los niños más pequeños de ese tramo con los mayores de 1-2 años en un aula mixta “reversible”, aunque a las familias se le ha trasladado que es definitiva hasta final de años. No obstante, Neria señala que es una medida “ya aplicada en otros centros” y que, asegura, se ha tomado “bajo criterios pedagógicos y con diálogo entre las partes”.

La empresa amenazó con abandonar la gestión y dejar a 90 familias sin escuela”, explicó Neria, justificando que esta reorganización era “la opción menos dañina”.

En este sentido, el Secretario General del PSOE señalaba que «la falta de personal, denunciada por las familias hace semanas, es responsabilidad directa del Gobierno local». Cabe destacar que, bajo el mandato de Santiago Llorente (PSOE), se cerraron aulas de escuelas infantiles en varias ocasiones, tanto de gestión directa como indirecta.

Una comunidad educativa dividida y cansada

Las familias afectadas no lo ven así y aseguran que la comunicación ha sido “nula” y la planificación “improvisada”. Además, advierten que las condiciones laborales del personal educativo y la falta de recursos “están detrás del problema”.

“Han estado incumpliendo desde el principio tener dos educadores por aula, y el Ayuntamiento lo sabe”, denuncia María. «Esto es echar una mano a la empresa para que no abandone el pliego, porque tendrían que abonar una multa», añade Sara.

Las madres reclaman transparencia, un informe pedagógico que justifique la medida y garantías de que sus hijos no se verán afectados en su desarrollo. “Hay muchas otras soluciones antes que mezclar bebés con niños de dos años”, concluyen.

Mientras tanto, el malestar crece en la EI Koala de Leganés, un centro cuya gestión vuelve al ojo del huracán a pesar de haber cambiado de manos. Un ejemplo de que el problema podría ser, no la empresa en sí, sino el sistema de gestión indirecta.

Alarma vecinal en Leganés por los cortes del semáforo en Vereda de los Estudiantes: “Nadie hace nada”

0

Los vecinos del barrio Vereda de los Estudiantes, en Leganés, vuelven a alzar la voz por un problema que consideran una bomba de relojería. El semáforo que regula el tráfico en la M-406, a la altura de la entrada al barrio, lleva una semana fallando intermitentemente, dejando sin control un punto que ya de por sí los residentes califican de “peligroso”.

“Nos jugamos la vida cada día que ocurre”, denuncian desde la Asociación Vecinal Miguel Hernández, que reclama al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid una reparación urgente antes de que ocurra una desgracia.

Cuatro días sin funcionar y peatones al límite

En solo siete días, el semáforo ha dejado de funcionar cuatro veces, obligando a peatones y conductores a improvisar cruces sin señal luminosa. “El otro día, gracias a mi hija no me atropelló un coche que se saltó el paso de cebra y salió de la nada”, relata una vecina en redes sociales, donde la indignación va en aumento.

La asociación vecinal ha compartido en su cuenta de Instagram (@avvvereda) varios vídeos en los que se ve cómo coches cruzan el semáforo en rojo sin frenar, mientras peatones esperan con miedo para poder pasar. “No se respetan las señales, ni cuando funcionan ni cuando no”, lamentan.

Un problema crónico sin respuesta

El paso de cebra que conecta Vereda de los Estudiantes con el centro de Leganés es uno de los más transitados por familias y estudiantes. Sin embargo, los vecinos aseguran que las administraciones no han adoptado medidas efectivas pese a las reiteradas quejas, los avisos públicos e incluso los accidentes.

“Es un punto negro del barrio», explican desde la entidad vecinal. No se trata solo de un fallo técnico, sino de un problema estructural de seguridad vial que lleva años sin solucionarse. La entidad ha trasladado desde hace años su preocupación tanto al Ayuntamiento de Leganés como a la Comunidad de Madrid, responsable del mantenimiento de la M-406.

Vecinos exigen soluciones reales

Los residentes reclaman una revisión urgente del sistema semafórico, la instalación de cámaras de control de tráfico y una mayor presencia policial en horas punta. Mientras tanto, insisten en que seguirán movilizándose y visibilizando la situación para evitar que este punto conflictivo acabe en tragedia. “No pedimos milagros, pedimos poder cruzar sin miedo”, zanjan desde la AVV Miguel Hernández.

Rescatadas 27 aves capturadas ilegalmente y vendidas en Leganés por un menor

El Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid ha recuperado 27 jilgueros que habían sido capturados de forma ilegal y puestos a la venta en Leganés. Los animales estaban siendo comercializados por un menor de edad, al que se le imputa una infracción medioambiental.

Según ha informado Europa Press, los agentes detectaron un posible caso de venta fraudulenta de especies silvestres protegidas y organizaron un operativo de vigilancia con varias patrullas y agentes de paisano para intervenir en el momento exacto de la transacción.

Operativo en Leganés para atrapar al vendedor ‘in fraganti’

Los agentes acordaron un encuentro con el joven que intentaba vender los pájaros. Cuando este sacó las jaulas con los jilgueros, fue identificado y denunciado en el acto, mientras que los animales fueron decomisados y trasladados para su recuperación.

El jefe de operativo del cuerpo, Miguel Higueras, explicó a Europa Press que el dispositivo incluyó un perímetro de seguridad para impedir la huida del infractor. La sanción podría acarrear multas de varios cientos o incluso miles de euros, dependiendo de la gravedad de los hechos.

Los jilgueros volverán a la naturaleza

Tras su rescate, las aves fueron trasladadas al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la Comunidad de Madrid, donde recibirán atención veterinaria antes de ser reintroducidas en su hábitat natural.

“Los jilgueros deben volver al medio ambiente, no estar en jaulas”, subrayó Higueras, recordando que estas capturas ilegales no solo dañan la biodiversidad, sino que también alimentan un mercado negro que trata a los animales como objetos de compraventa.

Un problema persistente en el sur de Madrid

Fuentes del cuerpo forestal recuerdan que este tipo de capturas sigue ocurriendo con frecuencia en zonas del sur de Madrid, donde bandas y particulares capturan aves cantoras para su venta clandestina. La tenencia o comercio de especies protegidas está prohibida por la legislación estatal y considerada una infracción grave.

El caso, descubierto en Leganés, reabre el debate sobre la necesidad de reforzar la educación ambiental y el control del comercio ilegal de fauna silvestre, especialmente cuando involucra a menores de edad.

“Incoherente y electoralista”: Podemos Leganés carga contra el PSOE por la vivienda pública

La vivienda pública vuelve a ser terreno de batalla política en Leganés. Podemos Leganés ha respondido con dureza a la convocatoria de concentración anunciada por el PSOE local, que exige al Gobierno municipal (PP y ULEG) retomar el proyecto de 108 viviendas en alquiler público en el PP-4, junto al Hospital Severo Ochoa.

Desde Podemos consideran que la posición socialista es “profundamente incoherente”, recordando que ese mismo proyecto contaba con licitación y proyecto aprobados durante el anterior mandato del PSOE, pero “no se adjudicó antes de las elecciones”. “Si lo hubieran hecho en abril de 2023 —señalan— hoy las viviendas estarían en construcción, como ya ocurre con las otras dos promociones en marcha”.

Críticas al pasado del PSOE: parcelas vendidas y fondos sin transferir a EMSULE

La formación morada ha aprovechado la polémica para repasar el historial reciente del PSOE en materia de vivienda. Denuncian que antes de abandonar el gobierno, los socialistas vendieron tres parcelas municipales destinadas a vivienda protegida para construir viviendas de renta libre.

Además, acusan al grupo socialista de votar en contra de transferir fondos a EMSULE (la empresa municipal del suelo) con el fin de comprar pisos para destinarlos a alquiler social -al igual que hizo la edil de Podemos Leganés-, medida incluida en el acuerdo municipal con las asociaciones vecinales. “Una medida que habría servido —apuntan— para atender realojos y necesidades de emergencia habitacional”.

Podemos: “El PSOE debe explicar cómo financiaría esa promoción”

Podemos Leganés recuerda que levantar las 108 viviendas proyectadas requiere financiación externa, ya que el Ayuntamiento no cuenta con ingresos suficientes para afrontarlo directamente. Según el comunicado, solo habría tres vías posibles: recortar gasto social, endeudar al municipio o vender patrimonio público, y plantean al PSOE la pregunta: “¿Por cuál de ellas optaría?”.

Podemos también lanza dardos al PSOE nacional

El partido no se limita a la política local. En su comunicado, Podemos subraya que mantiene “serias diferencias con el Gobierno del PSOE a nivel estatal” por su forma de abordar el acceso a la vivienda. Critican la “falta de intervención en el mercado del alquiler”, los “privilegios fiscales a los fondos de inversión” y la negativa del Ejecutivo a establecer “una reducción legal del precio de los alquileres”.

Propuestas y jornada sobre modelo de ciudad

Podemos Leganés recuerda que presentó en febrero 20 medidas locales para mejorar el acceso a la vivienda, centradas en el alquiler social, el uso público del suelo y la rehabilitación de viviendas vacías.

El partido ha convocado también la primera sesión de sus Jornadas sobre el Modelo de Ciudad, que se celebrará el 19 de noviembre bajo el título “Perspectivas de crecimiento urbanístico en Leganés”, abierta a toda la ciudadanía en su sede de Travesía de Madrid, 4.

Contexto político tenso

La respuesta de Podemos llega en plena escalada de reproches entre los grupos de oposición y el Gobierno de PP y ULEG, que decidió no seguir adelante con la promoción pública de alquiler al considerar que “no había garantía de financiación suficiente”. El PSOE culpa al Ejecutivo de “bloquear la vivienda pública”, mientras Podemos carga ahora contra los socialistas por, según dicen, “usar el problema de la vivienda para hacer campaña”.