Las madres de Prado Overa aceptan una ruta escolar alternativa

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AROA DÍAZ / Las siete familias, afincadas en Prado Overa, afectadas por la eliminación de la ruta escolar del centro Carmen Conde han aceptado la ruta alternativa propuesta por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés. Sin embargo, las madres han denunciado la mala situación de esta alternativa.

El pasado viernes, las negociaciones entre las madres y la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento se rompieron tras la negativa de las progenitoras a aceptar incorporar a su hijos a la ruta escolar de otro colegio, el Concepción Arenal, la cual tendría que ser ampliada.

A consecuencia de ello, los niños han estado durante una semana sin acudir a sus clases ante la imposibilidad de llegar al centro escolar. De esta forma, al ver que era la única opción posible, este lunes las familias aceptaron la oferta propuesta por las instituciones, la cual no ha convencido ni a madres ni a hijos.

«Nos habían prometido dos puntos de recogida y nos han vuelto a engañar. Hoy nuestros hijos estaban ateridos de frío por el largo paseo y la espera», declaraba una de las madres en rueda de prensa.

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Y es que, según denuncian, para alcanzar el punto de recogida establecido por ambas instituciones, los niños se han visto obligados a atravesar zonas de barro y de tránsito de vehículos pesados con el consiguiente peligro que acarrea esa situación.

«Es de traca que quien va en coche oficial de su casa al ayuntamiento que dista 10 minutos andando, esté actuando de esta manera con unas madres que solo quieren lo mejor para sus hijos, con amenazas, con desplantes, mentiras, manipulaciones… Solo somos unas madres que defendemos el derecho a la educación de nuestros hijos y nos repugna el trato de quien se supone es el alcalde de todos y debería dar ejemplo»

Por su parte, el alcalde de Leganés, Jesús Gómez, ha criticado que el partido vecinal ULEG haya “mal informado” a estas familias pensando “sólo en el rédito político”, ya que si las familias no hubieran accedido a la propuesta, podrían haber incurrido en responsabilidades ante la Fiscalía de Menores por no escolarizar a sus hijos.

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