Leganés es la ciudad que más ha visto aumentar el precio de sus alquileres en los últimos años. La PAH califica esta subida en el precio de burbuja y clama por una ley que controle el mercado.
En un comunicado conjunto, la PAH y una decena de colectivos han criticado la situación actual de los alquileres en España y han demandado que se le ponga coto a los precios. La declaración ha sido firmada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, la PAH Leganés, la Asociación Afectados en Defensa de los Afectados por la Vivienda (ADAV) de Parla, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Hospitalet de Llobregat – ACS, la PAH Bierzo-CyL Oficial y la Asociación por el Alquiler Público y Asequible (500×20) de Barcelona.
En ella destacan que en los últimos años, según un informe de Fotocasa, los precios del alquiler en España han alcanzado su tope y, aunque en unas ciudades han comenzado a bajar, algunas como Leganés aún registran subidas alcanzando precios imposibles de afrontar para las familias. Un fenómeno que achacan directamente a la «inyecciones masivas de dinero de los Bancos centrales, que han convertido la vivienda en un activo central de inversión para el capitalismo financiero».
A la ola especulativa del alquiler se han subido desde fondos buitres extranjeros, que operan desde paraísos fiscales, hasta el propietario marginal que exige incrementos abusivos de hasta el 50% de la renta de alquiler, mientras practica el fraude fiscal.
Asegura el comunicado.
Las entidades han estudiado el informe del alquiler del portal inmobiliario Fotocasa del cual les ha llamado especialmente la atención el top de subidas en el alquiler, de dos dígitos, que se ha trasladado a municipios como Leganés, en Madrid, con una variación de 30,9% y le siguen, Sabadell (29,6%), Fuenlabrada (29,1%) y Terrassa (23,5%), entre otras. A su vez, toda el área metropolitana de Madrid ha tenido una subida interanual media en 2018 del 15%. Unas subidas que consideran «abusivas».
Propuesta de una regulación de los precios
A través del comunicado, las entidades rechazan la modificación de la Ley Arrendamientos Urbanos propuesta por PSOE ya que «no iba a resolver ningún problema», al igual que el control del precio propuesto por Unidos Podemos. En su lugar, presentan una batería de medidas para luchar contra esta especulación.
- Congelación de alquileres y prórroga forzosa (excepto en caso de necesidad familiar justificada).
- Contrato único inspeccionado por las Oficinas de Vivienda, donde este prohibido cargar los impuestos y los gastos de mantenimiento a los inquilinos. Todo para evitar el doble cobro de los mismos a Hacienda y al inquilino. Inspección técnica de las viviendas arrendadas y de la cédula de habitabilidad con revisiones cada 5 años.
- Eliminar todas las desgravaciones fiscales a los arrendadores para que tributen como una ganancia más (excepto en caso de necesidad familiar justificada.
- Realizar desgravaciones fiscales sobre la totalidad de inquilinos (4 millones de hogares) según baremos de rentas pagadas y renta familiar disponible…, con el dinero ahorrado de suprimir la elusión fiscal de los arrendadores (4 millones de caseros) y con ello conseguimos acabar el fraude fiscal de muchos de ellos pues conoceremos la totalidad de alquileres que cobran.
- Grabar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas que no sean para primera residencia para evitar que los propietarios boicoteen todas estas medidas poniendo en el mercado sus viviendas vacías a la venta.
- Municipalización del suelo urbano. el suelo urbano debe ser de dominio público (municipalización del suelo urbano) y no un bien privado, especulativo y con derecho a herencia. Lo único que se puede vender si se ha comprado es el derecho de uso del suelo público (sería como un impuesto) y la propia edificación.
- Ampliación del parque público de vivienda social, regulado por ley. En el mismo suelo urbano podría dedicarse parcialmente a la construction de nueva vivienda pública para sacar al mercado una oferta de alquiler sociales y asequibles. Esta medida debería tomarse de manera seria desde los gobiernos autonómicos y también desde los ayuntamientos de grandes localidades (por ejemplo más de 50.000 habitantes). La vivienda pública destinada a este fin social nunca podría venderse ni cederse su gestión a manos privadas.
