La edad de emancipación en España se sitúa en los 29 años pero estudios indican que podría haber aumentado. La Asamblea Popular de Leganés reclama políticas para que se garantice el derecho a la vivienda.
La vivienda es uno de los grandes problemas en la actualidad para los jóvenes. Solo el 31% de los jóvenes españoles menores de 34 años dispone de una vivienda en propiedad, según datos del Observatorio Vía Célere de la vivienda en España, una cifra que sigue cayendo. Y es que, según datos del Observatorio de La Caixa, para acceder a una vivienda en propiedad, muchos jóvenes tienen, o tendrían, que dedicar más del 60% de sus ingresos mensuales a pagar el préstamo hipotecario.
Esto da lugar a una realidad: la edad media de emancipación ha subido hasta los 29 años, según el Consejo de la Juventud de España, y con ella los trastornos por ansiedad ante la incertidumbre y de depresión por no poder hacer frente a estos gastos. La Universidad Complutense de Madrid apunta a que un 43% de los jóvenes entre 18 y 34 años tienen síntomas de depresión tras el confinamiento, y un 36% en el caso de la ansiedad. Por ello, los propios jóvenes urgen a que se dé respuesta a esta situación y se ayude desde las instituciones a proteger el derecho a la vivienda.
Así, la Asamblea Popular de Leganés organizó en su presentación una charla-coloquio junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Leganés y dos afectadas por situación de riesgo de desahucio, para hablar de este problema que la crisis de la COVID19 ha agravado. «Es un problema muy gordo», aseguraba una asistente, «es muy fácil entenderlo pero no es hasta que no acudes a una asamblea y lo oyes de primera mano, que no conectas con lo que está pasando».
Y es que los psicólogos señalan que la falta de una estabilidad económica es la principal causa del retraso de la emancipación ya que los jóvenes no se atreven a marcharse y quedarse en una situación de vulnerabilidad. Este es el caso de L., una de las asistentes. Vive con su pareja, pero la COVID les dejó a los dos en el paro. Vivían de alquiler y, con solo los subsidios de desempleo como fuente de ingresos, se vieron obligados a okupar el piso de arriba, propiedad de la SAREB que llevaba seis años deshabitado, antes que dejar a deber las cuotas. «Hablamos con los vecinos primero y les explicamos la situación, algo que no es plato de buen gusto», explicaba.
Sobre la SAREB, M. explicó su experiencia, y es que, tras 8 años de alquiler social de 400€, la subieron sin preaviso su mensualidad a los 650€, «un año después me dejaron de pasar los recibos y me pusieron una orden de desahucio». «En el juicio se comentó la negociación que había tenido con la SAREB pero la Fiscal no hizo caso. No les importa la vulnerabilidad de las familias», añadió L.
Ante esta situación, la Asamblea Popular de Leganés reclama que la ciudadanía exija una protección de la vivienda. «Hay capacidad de sobra para atender a todos pero es un problema político de distribución», apuntaba un asistente. Así, critican que se vea como un bien de mercado y no un derecho, ya que no es nada más ni nada menos que el pilar sobre el que construimos nuestro proyecto de vida.
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