Miembros de la PAH Leganés en la concentración. Foto: Amanda Silva

Ante los precios anunciados para el alquiler de las viviendas de EMSULE en Poza del Agua y Solagua, la PAH reclama viviendas para colectivos más vulnerables. Califica la política de vivienda de «discriminante e intolerante».

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) acudió el pasado domingo a la convocatoria de la FLAVV para presentar sus reivindicaciones en materia de vivienda. La intervención de su representante se inició cargando las tintas contra el Ayuntamiento que, según indica, ha estado cerrado para ellos desde el año 2008, algo que consideran preocupante ya que “Leganés es uno de los municipios con más desahucios antes de la pandemia, había de tres a cuatro desahucios diarios en el municipio y estimamos que cuando esta pase esta cifra puede elevarse a los 6 desahucios diarios”.

La PAH reivindica la vivienda social como derecho y reclama que la emergencia habitacional tiene que ser aún más importante. “Estamos en contra de la posición del Gobierno de que estas viviendas que  tanto se han hablado últimamente, de las 668 viviendas del EMSULE cero van a ir destinadas a vivienda social, y es que son alquileres que están entre 550 y 700 €, a los que no puede acogerse ninguna familia, monoparental, ni víctima de violencia de género, ni personas en exclusión social ni de desalojos o realojos” añadía.

En este sentido, la plataforma amenazó a través de Twitter con okupar las casas para las familias más necesitadas si no se dedicaban a vivienda social, lo que formó un gran revuelo entre quienes están en contra de la okupación. Sobre ello, recordaron que durante un debate sobre la vivienda realizado en 2015, el propio Santiago Llorente aseguró que «si no pudiera pagar la hipoteca de mi casa y me desahuciaran, okuparía una».

La PAH tacha al alcalde de intolerante 

Durante la intervención, el portavoz de la PAH Leganés instó al Ayuntamiento a tomar medidas para el control del precio del alquiler, pues puede subir el IVA a aquellas viviendas que lleven más de dos o tres años vacías o extensiones de este impuesto. “Estas medidas no creemos que vayan a ser la panacea, para controlar el precio de alquiler, pero pueden ayudar al parque de viviendas”, ha apuntado. “Estas medidas son por la gente, no son por intereses políticos, son para el beneficio de las familias más vulnerables”.

Por lo tanto, “cuando el alcalde dice orgullosamente que las viviendas públicas no van a ser para jóvenes, no van a ser para familias vulnerables, no van a ser para familias monoparentales o para familias numerosas, que no llegarán a unos mínimos ingresos, eso se llama discriminación, eso se llama intolerancia”, ha concluido.

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