A.M. reclama acceder al piso del que ha sido desahuciada para recoger todos los bienes que aún tiene en la casa: documentación, ropa, muebles…
La pesadilla de A.M. sigue adelante. Después de haber sido desahuciada de su vivienda de EMSULE por una deuda de 11.000€, que buscaba negociar cómo pagar, esta vecina de Leganés y sus 5 hijos se han visto en la calle y sin poder recuperar sus enseres personales. «Necesito mis cosas. Tengo mi ropa, mis documentos, mi dinero, las cosas de mi marido…«, explica la afectada a este medio mientras acudía a primera hora de la mañana a EMSULE para que la acompañaran a vaciar la que ha sido su casa hasta ayer por la mañana.
Acompañada por miembros de la PAH Leganés, la mujer ha entrado en las oficinas de EMSULE para reunirse con la responsable de la Empresa Municipal del Suelo. «Sólo quiero que me acompañéis a por mis cosas, que me dejéis entrar«, reclamaba A.M. pidiendo que se cumpliera un acuerdo firmado por la Comisión Judicial, Servicios Sociales y un representante de EMSULE durante el desahucio. En él, EMSULE se compromete a dejarla pasar este 7 de abril a la vivienda a que recoja sus enseres. «Esto tengo que comprobarlo con mis abogados. Tú ya no puedes entrar en esa casa», respondía la responsable de EMSULE. «Mis hijas no han podido ir al instituto porque tienen todo en la casa», añadía A.M., desesperada.
En medio de un ataque de nervios, reclamaba que se hiciera cumplir el acuerdo que habían firmado tan solo 24 horas antes, a lo que EMSULE, tras una hora de negociación, accedía. Mucho más relajada y con la ilusión de recuperar sus cosas, la afectada ponía rumbo a San Nicasio acompañada de varios coches y miembros de la PAH Leganés para ayudarla a desmontar los muebles y recoger la ropa. Sin embargo, al llegar, 5 agentes de policía Local y Nacional la esperaba en el que era su portal. «No puedes pasar», la advertían.
Una denuncia por incumplimiento
Derrumbada, esta vecina, viuda desde hace 4 años, reclamaba poder acceder, al menos, a recoger las cosas de su marido. Unas lágrimas que conmovieron a los agentes quienes lamentaban no poder hacer nada. Y es que, para evitar que acceda, EMSULE ha colocado varios vigilantes en los accesos al piso.
Al lugar acudía también un técnico de EMSULE para reiterar la decisión de no dejarles pasar: «Habéis incumplido el trato que acabáis de contraer con nosotros. Ni una hora ha tardado en perder valor vuestra palabra», aseguraban los miembros de la PAH Leganés. «Necesito pasar, tengo todo ahí», reclamaba A.M. entre lágrimas y gritos, sin conseguir permiso por su parte, «al menos el dinero y los papeles».
Conscientes del engaño e impotente, la afectada y la PAH Leganés acudían a la Casa Consistorial de Leganés, donde se encontraban el alcalde, Santiago Llorente (PSOE) y todos los concejales en un acto por la Sanidad Pública. Pero llegaron tarde. Acababa de finalizar y la Policía Local custodiaba la puerta del edificio. De nuevo, no podían pasar. «Os estáis ganando el suelo hoy», ironizaba A.M. al ver que uno de los agentes había estado minutos antes en el portal.
Impotentes, solo quedaba una solución: los Juzgados. Tanto A.M. como Feli, miembro de la PAH Leganés, acudían directamente a denunciar el incumplimiento del acuerdo contraído durante el desahucio: «Ya no nos incumbe al Juzgado, si el dueño del piso no les quiere dejar pasar, es su decisión», respondían desde el Juzgado número 7, dejando de lado que había un acuerdo por escrito entre ambas partes frente a la Comisión Judicial.
Responsabilidad de los Consejeros de EMSULE
«Habéis incumplido un Real Decreto, habéis engañado a esta mujer y ahora la dejáis tirada…», denunciaba Feli sin que los funcionarios del juzgado hicieran nada. Así, se han dirigido al juzgado de guardia a interponer una denuncia, y reclamar que se cumpla el acuerdo y el Real Decreto. Una denuncia que Agustín Andrés, ex gerente de EMSULE, recomendaba ampliar: «ustedes como colectivo y la persona lanzada procedan a presentar una denuncia por prevaricación contra el juez que ha dictado el desahucio».
Sobre ello, añadía, que «una vez que ha sido imposible llegar a un acuerdo con el inquilino, la empresa pública debe llevar siempre a un procedimiento judicial de reclamación de cantidades, sino lo hiciera estaría en un supuesto de delito de administración desleal. La responsabilidad de ese delito recae en el Consejo de Administración, por lo que sus miembros podrían responder con su patrimonio. Hace pocos meses hemos visto como se condenaba a responder con sus bienes a unos concejales de Alcorcón por su gestión en Emgiasa».
No obstante, los partidos locales, cuya mayoría forman parte del Consejo de Administración, se han pronunciado en estas 24 horas. Mientras que el PP denunciaba que no había tenido conocimiento del mismo debido a la falta de transparencia de la empresa pública, UP-IU y Leganemos han coincidido en criticar que se haya ejecutado sin alternativa habitacional y con el Real Decreto de suspensión de desahucios para personas vulnerables en pie. Por su parte, ante el silencio de PSOE y C’s, ULEG ha destacado la necesidad de mediar.
