La empresa municipal del suelo de Leganés ha desahuciado a una familia numerosa beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital, con un Real Decreto vigente de paralización de desahucios.
A.M. y sus 5 hijos de 22, 20, 15 y unas mellizas de 12 años, han vivido una pesadilla este 6 de abril. Después de meses en tensión, la familia, en situación de extrema vulnerabilidad, ha vivido uno de los días más traumáticos de su vida. A primera hora de la mañana, la comisión judicial, acompañada por la Policía y un represente de EMSULE, han acudido a su casa para exigir que desalojaran la vivienda, dando cumplimiento a una orden de desahucio tramitada por la empresa municipal del suelo.
La familia vivía de alquiler en un piso propiedad de EMSULE, la empresa pública del suelo de Leganés, pero la mala situación económica hacía que en los últimos años se hubiera acumulado las deudas. Conscientes, esperaban tener algo más de tiempo para abandonar su casa, pero no ha sido así. La fatídica situación ha llegado y ha podido con ellos, tanto, que los menores han tenido que ser trasladados al hospital por un ataque de ansiedad. Y es que vivir un desahucio en primera persona es siempre traumático, y conocer la fecha no lo hace menos. «¿Qué necesidad había de que mis hijos vieran lo que han visto esta mañana?», se pregunta impotente A.M en conversación con Leganés Activo.
Todo comenzó en diciembre, cuando recibieron la fecha de desahucio. Y es que, la familia ha atravesado en los últimos años todo un calvario tras el fallecimiento del padre, que ha provocado la pérdida de los ingresos. «No tengo pensión de viudedad, solo 1.118€ en concepto de Ingreso Mínimo Vital«, un ingreso escaso que no le permite afrontar el día a día, y menos el alquiler impuesto por EMSULE, aunque reconoce que no es alto. «No voy a poder encontrar otra cosa», sostiene A.M, quien ofreció a la empresa pública a pagar dos meses cada mensualidad para ir abonando la deuda, algo que se rechazó.
El desahucio, la punta del iceberg
En los últimos cuatro meses, la familia ha atravesado graves problemas que han impedido que hicieran una gestión óptima de su caso, sin obtener la ayuda necesaria por parte de EMSULE o sus asistentes sociales. No ha sido hasta esta misma semana que desde Servicios Sociales han elaborado una solicitud de prórroga en los juzgados para mantener la vivienda lo que queda de curso escolar, al haber menores en el núcleo familiar. Pero ya era tarde. «El juez no lo había recibido esta mañana», explica la afectada.
En este tiempo, el concejal del PP de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, conocedor de la situación, quiso interceder para paralizar el desahucio, sin embargo, no pudo. «Llamé al alcalde y no me lo cogió por lo que escribí un mensaje explicándole la situación y pidiendo que se paralizara. Lo leyó pero no ha hecho nada», reclama el también consejero de EMSULE, quien sostiene que no sabía de este ni ningún otro procedimiento: «Como consejeros tenemos derecho a saber en qué procedimientos está la empresa municipal pero no nos lo dicen. Hasta ahí llega la opacidad de la empresa».
Un procedimiento, lleno de irregularidades
La situación es aún más sangrante puesto que se ha llevado a cabo con el Real Decreto para bloquear los desahucios en vigencia hasta octubre: «en Servicios Sociales deberían haber metido un escrito certificando la vulnerabilidad de la familia. El desahucio se hubiera parado porque estamos hablando de una entidad que tiene más de 10 viviendas», recalcan desde la PAH Leganés, quienes ven un gran número de irregularidades en este caso. «Desde la PAH Leganés condenamos y mostramos nuestra total repulsa a esta nueva injusticia social promocionada por el Gobierno local», sostienen en un comunicado. Y es que la familia no ha contado con el apoyo de un abogado durante el proceso, ni la representación de su asistente de Servicios Sociales en el desahucio.
Actualmente, la familia no cuenta con ninguna alternativa habitacional. «Mis hijos están en casa de mi madre, de 60 metros cuadrados», explica A.M. mientras continúa las gestiones para recuperar sus enseres personales. Y es que, el desahucio les ha pillado sin poder recoger sus cosas de la casa. «No quiero que me den la casa, ya solo pido estar cuando vayan a vaciar la casa para llevarme mis cosas», reclama. Una petición que no ha sido, por ahora, escuchada por EMSULE.
Desde la PAH Leganés se reclama que se revierta el proceso y se devuelva la vivienda a la familia en base al cumplimiento del Real Decreto para paralizar desahucios de personas en riesgo de exclusión. Además, en el comunicado enviado critican los métodos utilizados «recurriendo a engaños y miedo para desahuciarlos».
