El alcalde de Leganés sobre la denuncia en la Fiscalía: «tiene objetivo político»

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«Estoy tranquilísimo porque las cosas se han hecho lo mejor posible», ha asegurado en respuesta a los periodistas. Los donantes matizan sus palabras.

El alcalde de Leganés, Santiago Llorente (PSOE), ha respondido hoy a la denuncia que señala presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas FPP3 por parte de la Fundación Juan Muñoz de Leganés, destacando la claridad y transparencia de esas compras. «Estoy tranquilísimo porque las cosas se han hecho lo mejor posible. En aquel momento si hubiese podido comprar estas mascarillas más caras también lo hubiera hecho. En esta situación dramática también lo hubiera hecho», ha sentenciado en declaraciones a los medios.

El alcalde ha recordado que las compras las realizó la Fundación Juan Muñoz en marzo de 2020, no el Ayuntamiento de Leganés, financiadas con donaciones solicitadas por el Ayuntamiento. Se trata de una Fundación privada que tiene entre sus principales fines la ayuda social y de la que forman parte como patronos, personas de reconocido prestigio en el ámbito de las entidades sociales y ciudadanas de Leganés. Además, entre los miembros de la fundación se encuentran el propio alcalde y concejales del Gobierno.

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«Me parece vergonzoso que sale al albur de otro tipo de casos de otras administraciones en los que sí aparentemente ha habido corruptelas o casos llamativos en los que ha habido comisiones y se nos intenta meter a todos en el mismo saco», ha asegurado Santiago Llorente, en relación a las compras realizadas por el Ayuntamiento de Madrid que hubo denuncias de comisiones, obviando que las denuncias sobre esta situación comenzaron en junio de 2021.

En sus declaraciones a los medios de comunicación, Llorente ha insistido en la calidad de las mascarillas, las cuales correspondían a un certificado FPP3, «que eran imposibles de encontrar». No obstante, en las facturas, según confirmar el propio edil, figuraba la calificación de N95, la cual, asegura, es similar a la FPP3 aunque no equivalente. «En la factura pone N95. Son completamente diferentes a las que han comprado otras administraciones. Cada una ha comprado lo que ha querido, necesitado y encontrado, a nosotros nos pidieron mascarillas FFP3 y es lo que compramos al Hospital Severo Ochoa».

En relación al papel del funcionario que figura en las facturas denunciadas, el alcalde ha asegurado que «ayudó» en el proceso ya que «nosotros no sabíamos» mientras que los funcionarios eran «los que sabían diferenciar unas de otras». Así, más tarde, obtuvieron el apoyo del servicio de prevención de riesgos del Hospital Severo Ochoa. «Eran personas que sabían de esto para que no nos dieran gato por liebre», en este sentido, señala que también se compraron tests serológicos que «se pagaron después de que se comprobaran eficaces».

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Los donantes matizan sus palabras

En el escrito presentado a la Fiscalía, ULEG recalca que se han «agotado» todas las vías para pedir información acerca de estas facturas por lo que se recurre finalmente a la Justicia. «De forma sospechosa ULEG tiene todo lo relacionado con este caso, no le falta nada», aseguraba al respecto de la documentación adjuntada a la Fiscalía. «En cualquier caso, a todas las personas que han donado y querido más información se las suministrado todas las facturas», insiste.

Incluso, asegura que el partido de la oposición se ha reunido con el representante de la Fundación Juan Muñoz, Benito Carrasquilla, «y le ha explicado el portavoz de ULEG cuál es su objetivo con esta denuncia», algo que desde el partido matizan: «acudió a nuestro despacho sin presentarse como representante y le dijimos que queríamos ver la documentación», algo que no ocurrió.

Así, el alcalde ha asegurado que el AMPA del Constitución 1812 fue convocada por la Fundación Juan Muñoz «pero no acudieron, ha habido otras personas que las han pedido y se les han facilitado». Una cita que desde el AMPA ponen en duda y es que no se les emplazó a ninguna fecha concreta sino que el 27 de febrero se les aseguró por email que «estarían encantados de recibirle en su horario de atención» pidiendo siempre cita previa. Un correo al que contestaron preguntando fecha y que no obtuvo respuesta. Lo mismo que le ocurrió a ULEG.

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