Después de varias semanas de críticas, FAMMA ha denunciado la cancelación de una reunión con el Ayuntamiento de Leganés con motivo de acercar posturas sobre la ordenanza para la concesión de tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Una ordenanza que debería haber estado aprobada desde hace 6 años y que aún se mantiene en un cajón del Ayuntamiento de Leganés.
FAMMA mantenía desde el último año y medio una relación estrecha de trabajo con el Gobierno de Leganés para ayudarles a la elaboración de esta norma municipal. Sin embargo, tras elaborar el borrador -incluido dentro de la ordenanza de Movilidad y Medio Ambiente-, el Gobierno local (PSOE+C’s Leganés) comunicó a la entidad que no sería aprobado por el momento.
Esto llevó a la federación a denunciar públicamente una «discriminación institucional» por parte del alcalde de Leganés, Santiago Llorente (PSOE), a las personas con movilidad reducida emitiendo un duro comunicado que puso en marcha al Gobierno local de nuevo. «Se está denegando un derecho que otorga la normativa. Este señor lo tiene que entender. Hay más de 500 personas a la espera de cerrar expedientes y conceder las tarjetas», ha asegurado el presidente de la Federación, Javier Font, en declaraciones a LEGANÉS ACTIVO.
Tras un gran revuelo mediático, el Gobierno convocó a la entidad a una reunión para el próximo viernes que más tarde se pasó al lunes por la mañana en la sede de Seguridad Ciudadana. Allí estarían el presidente de la Federación, Javier Font y los concejales de Seguridad Ciudadana, Óscar Oliveira, la edil de Educación y Discapacidad, Virginia Jiménez, y el edil de Movilidad, José Manuel Egea. Pero esta finalmente no tendrá lugar.
Denuncia ante la Fiscalía de Madrid
Según explica el presidente de FAMMA, la reunión ha sido desconvocada, sin que se haya dado ninguna otra fecha, por haber llamado a la prensa para realizar una rueda de prensa posterior y dar a conocer cómo habría ido la reunión. «Que se molesten porque hemos convocado a los medios nos parece que nos valoran como ciudadanos de quinta división, porque si ahora en un estado democrático no vamos a poder convocar a la prensa, desde luego a la democracia algo está pasando», ha asegurado Font en declaraciones a este medio.
No obstante, la versión oficial del Ayuntamiento de Leganés habla de problemas de agenda. «Están buscando una nueva fecha», aseguran fuentes municipales. Desde la federación se ha dado un ultimátum: «les hemos dado una semana. Si no se nos convoca de nuevo, iremos a Fiscalía de Madrid y haremos una movilización», anuncia Font. Y es que consideran que podría haber un delito de prevaricación y una clara discriminación al colectivo.