Leganés Norte ha vivido una angustiosa mañana para una de sus vecinas. Libertad y sus dos hijos menores de edad han vivido los peores momentos de sus vidas ante un posible desahucio de la vivienda donde residen hace 7 años. Un cordón policial rodeaba su piso desde primera hora. Muy preocupada y con ansiedad, Libertad se apoyaba en los activistas de la PAH quienes acudían con Manuel Sampastor, abogado voluntario, ante la ausencia de su abogado de oficio.
«Estoy destrozada», nos confesaba Libertad días antes de que llegara el momento. Con las manos atadas y tras haberse ofrecido en varias ocasiones al IVIMA, propietaria de la vivienda donde entró como okupa hace 7 años, para pagar un alquiler social y los suministros de la vivienda con su Ingreso Mínimo Vital, esta madre soltera vecina de Leganés Norte se veía abocada a lo peor: «¿Y si me echan? ¿Y si me quitan a los niños? Yo no puedo trabajar porque mi niño tiene discapacidad y me necesita, ¿qué puedo hacer? Necesito un techo. Llevamos 7 años aquí, mis hijos han echado raíces… es mi casa».
La situación desde primera hora de la mañana no ayudaba. La tensión reinaba en el patio de la vivienda donde la presencia policial se acrecentaba acudiendo también medios de comunicación y representantes políticos locales de Podemos y Más Madrid. «La cosa pinta mal», confesaban los propios activistas que no veían claro el desenlace de la situación.
Legalmente todo remaba a favor de Libertad: madre soltera con dos menores a su cargo, con una discapacidad reconocida de uno de ellos, informes que acreditan la vulnerabilidad de la familia y percibiendo tan solo el Ingreso Mínimo Vital; todos los ingredientes para que se aplicase el Real Decreto ‘anti desahucios’ del Gobierno central vigente hasta diciembre. Sin embargo, el juez parecía que no lo veía tan claro.
Las negociaciones entre el abogado de la PAH y la comisión judicial comenzaban en tensión y se alargaban más allá de la hora tope impuesta por el juez para hacerse con la vivienda, las 10 de la mañana. Una negociación en la que entraba en juego el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Leganés y es que el juez se debatía entre dos opciones: darle una prórroga para encontrar otro sitio o que el Ayuntamiento se lo facilitara en ese momento. Finalmente, el juez aceptaba darles una prórroga hasta el 8 de septiembre. Una solución que hacía que Libertad pudiera respirar tranquila y comenzara a ver luz al final del túnel.
