En total, 9.468 personas que vivían en las residencias de mayores de Madrid fallecieron durante el confinamiento por la pandemia de COVID. De marzo a abril de 2020, 7.291 residentes de ellos murieron sin asistencia hospitalaria. Un asistencia que se les negó por parte de la Comunidad de Madrid, tal y como han denunciado los familiares y autoridades.
Durante este tiempo, el confinamiento endureció los protocolos de visita haciendo las residencias herméticas para todos a excepción de la Policía. Tanto el cuerpo Nacional como los locales pudieron visitar los centros para inspeccionar qué es lo que ocurría en su interior. Con cada visita se levantaba un acta en el que se reflejaba todo detalle.
Nadie hasta ahora ha podido ver su contenido pero, para conocer qué es lo que de verdad pasó en su interior, los familiares de las víctimas reclaman que se hagan públicas estas actas policiales. Y no solo a la Policía de Madrid sino también a la Policía de Leganés.
Silencio en Leganés
La petición ha sido registrada por el Portal de Transparencia y el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, resolvió que la administración tiene que remitir «la información solicitada por el Reclamante, en el plazo máximo de 20 días». Algo que el Gobierno regional ha recurrido.
Tanto Más Madrid como la Agrupación de familiares de Residencias privadas y concertadas de Leganés han reclamado al Gobierno de Leganés que se hagan públicas. «Los familiares de Leganés exigimos las actas ya«, reclaman. Por ahora, según ha podido saber este medio, las plataformas no han recibido respuesta por parte del Gobierno.
«No se salvaban en ningún sitio»
Ante este silencio del Ayuntamiento de Leganés, contrasta la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid quien ha pedido que no se hagan públicas ninguna de la actas. Además, han resonado mucho las palabras de la presidenta en la sede de la Asamblea de Madrid, donde ha reconocido que en aquella situación «había muertos por todas partes».
En una respuesta a esta petición, Isabel Díaz Ayuso (PP) ha llegado a asegurar que, aunque hubieran recibido asistencia hospitalaria «no se salvaban en ningún sitio», algo que los datos desmienten. Tal y como informó el propio Gobierno, el 65% de los residentes hospitalizados se salvaron.
Estas palabras han servido para que las víctimas continúen luchando para que las actas se hagan públicas. Y es que los familiares han defendido en varias ocasiones su «derecho a saber» lo que ocurrió dentro de las residencias y lo que ocurrió, sobre todo, con cada uno de sus familiares.