Con un contrato indefinido, otro temporal y dos hijos a su cargo, Ainhoa y su marido han dicho adiós en la mañana de este martes 21 de julio a la que hasta ahora era su casa en Leganés. «No hay derecho. Son buenos vecinos». Así se lamenta una vecina del portal ante la Policía Nacional que custodia la entrada y salida del bloque. «Solo pido un alquiler, me da igual en Leganés o en otro sitio de la Comunidad de Madrid, solo quiero pagar mi casa», lamenta Ainhoa. Ahora, el Ayuntamiento de Leganés trabaja por ofrecerles una alternativa.
Es primera hora de la mañana y tres furgones de Policía Nacional ya se encuentran en la Avenida María Moliner, esquina con Teresa Claramunt. Haciendo un cordón frente al portal, impiden la entrada a todos los activistas y personas que no vivan en el edificio. Frente a ellos, una decena de activistas arropan a la pareja. Los niños, de 8 y 2 años, se encuentran con la familia: «No queríamos que vivieran esto».
Sin una sentencia judicial firme
La vivienda propiedad de la Agencia de Vivienda Social (AVS) perteneciente a la Comunidad de Madrid y en la que se encuentran desde que la inquilina anterior les cedió el piso tras haber trabajado para ella: «He intentado regularizar todo lo que he podido: he tenido seguro de hogar, he pagado la comunidad, he pagado todas las deudas…».
En cuanto la AVS tuvo noticias de este cambio de inquilinos comenzó un proceso de desahucio contra la familia. Un proceso judicial que ha sido recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) quienes todavía no se han pronunciado. «Pedimos que se parara el desahucio mientras se resolvía el recurso, y nos dijeron que no se podían poner medidas cautelares porque precisamente existía un recurso«, nos explica Ainhoa.
En un municipio en el que el alquiler medio para una vivienda familiar supera los mil euros, Ainhoa y su pareja ya han echado cuentas: «Es imposible que pueda permitírmelo. Y lo que te piden de fianza es una locura como para poder hacer frente a ello«. «En esta calle hay dos pisos de la AVS vacíos desde hace tres años, y en dos calles más allá
Falta de negociación de la Comunidad de Madrid
Pronto, un coche de la Policía Local de Leganés advierte de la llegada de la Comisión Judicial: un representante del juzgado y otro de la AVS llegan a dar la orden de ejecución del desahucio. «No hay derecho que no den ninguna alternativa, que no ofrezcan un piso social a familias que lo están pasando mal», denuncia uno de los activistas que resulta apartado por la Policía Nacional en el momento. Esa era la única negociación.
Por su parte, el Ayuntamiento de Leganés ha dejado claro que «el desahucio se lleva a cabo por parte de la Consejería de la Servicios Sociales y Familia», y que la familia afectada “ha sido atendida por los profesionales de la delegación, orientando en recursos a su alcance para mejorar su situación y apoyar a la unidad familiar, respetando en todo momento sus decisiones y el principio de autodeterminación, ya que la persona es protagonista de su propio proceso, y respetamos su capacidad de decisión”
Sin solución de Servicios Sociales
La familia sacaba sus enseres al rellano y los cerrajeros se disponían a cambiar la puerta, cuando la trabajadora municipal, presente en el desahucio, señalaba a la Comunidad de Madrid: «Es la AVS quien tiene los pisos».
“Servicios Sociales no es competente en materia de vivienda, que se deben respetar en todo momento las decisiones judiciales y que es necesario cumplir las normas y procedimientos regulados de acceso a vivienda social, siendo uno de los requisitos no encontrarse ocupando una vivienda o inmueble, sin título suficiente para ello y sin el consentimiento del titular”.
Fuentes del Ayuntamiento de Leganés
No obstante, Servicios Sociales se encuentra gestionando una alternativa temporal para la familia, para evitar que estén en la calle mientras pueden encontrar una alternativa: un alquiler que pueda hacer frente con sus dos nóminas y en el que puedan crecer sus hijos.
