La Ley de residuos y suelos contaminados, aprobada en abril de 2022, obliga a todos los ayuntamientos a implantar una nueva tasa de basuras. Pero no es como las otras. El objetivo es que cada ciudadano pague en función de los residuos que genera, pero deja abierto a los ayuntamientos la forma en la que se calcula quién genera más. Esto ha hecho que el Gobierno de Leganés rechace implantarla.
La complejidad de la instauración ha generado todo un caos entre los ayuntamientos. Asensio Martínez, presidente de la Mancomunidad de residuos del sur confesaba el pasado mes de abril que «tenemos multitud de dudas y mucho temor». Dudas que ha llevado a que el Gobierno de Leganés frene su implantación.
«El Gobierno lo tiene muy claro», ha reiterado el alcalde en el último Pleno. Y es que no se han realizado los trámites necesarios para instaurarla, por lo que en 2025 los vecinos de Leganés no tendrán que pagarla. «Lógicamente no se va a aplicar el año que viene porque no se han aprobado las ordenanzas. Pero este gobierno lo tiene clarísimo, que no quiere aplicarla«.
El alcalde justifica su rechazo
El principal motivo que ha llevado al Gobierno a rechazar implantarla, es que consideran «previsible» que las tasas que se instauren en otros ayuntamientos sean recurridas judicialmente, lo que generaría gastos para las arcas municipales. Ya no solo los gastos judiciales sino también los que conllevarían devolver las tasas en caso de que sean tumbadas por la justicia.
Por otro lado, el primer edil ha defendido que, con esta postura «estamos eximiendo de este sablazo fiscal a los vecinos de Leganés». Un «sablazo» que el propio alcalde ha valorado en el debate de entre 150€ y 200€ por inmueble. «Mientras que sea alcalde voy a intentar evitarlo», reiteraba. «Si se aplicase se aumentaría la litigiosidad judicial y se crearía inseguridad jurídica», añadía.
Además, se ha señalado que, a pesar de que en la Ley de 2022 se señala que la tasa es obligatoria poniendo como fecha límite abril de 2025, no registra ninguna penalización para quienes no lo instauren. No obstante, en caso de que se anuncie alguna penalización, el alcalde ya ha anunciado que se justificará
