La nueva tasa de basuras municipal: todas las claves

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Todos los ayuntamientos trabajan para la implantación de una nueva tasa de basuras que tendrá que entrar en vigor en 2025

El Ayuntamiento de Leganés y todos los ayuntamiento de España se prepararan para implantar la nueva tasa de basuras. La nueva ley de residuos y suelos contaminados, que se aprobó en abril de 2022, obliga a todas los ayuntamientos a implantar esta nueva tasa. Pero no es como las otras, ya que su imposición es más compleja. El objetivo: que cada ciudadano pague en función de los residuos que genera.

La ley establece un plazo de tres años para imponer esta nueva tasa, el cual vence el 25 de abril de 2025. Es decir, que debería estar en vigor con la nueva ordenanza del 1 de enero de 2025. Por ello, las administraciones locales se están poniendo las pilas. Por ello la Mancomunidad de residuos del sur organizó el pasado viernes unas jornadas con el objetivo de resolver las dudas que se les presentan a los Ayuntamientos sobre este impuesto.

Asensio Martínez, presidente de la Mancomunidad de residuos del sur confesaba que «tenemos multitud de dudas y mucho temor». Así, el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP) llamaba a abordar este «aspecto más complejo y menos apetecible» con una «labor de concienciación y responsabilidad porque si no cumplimos con nuestras obligaciones, las sanciones que nos pueden caer son morrocotudas».

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¿Cuánto supondrá esta nueva tasa para los vecinos de Leganés?

Para saber más detalles, en Leganés Activo hemos hablado con Benja Anglès Juanpere, profesor agregado de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Algunos expertos hablan ya de posibles cifras, pero eso es algo difícil de aventurar. Anglès nos explica que «no es posible determinar» cómo afectar al bolsillo de los contribuyentes por ahora. Sobre todo, porque cada ayuntamiento podrá optar por una «fórmula de reparto». Y es aquí donde radican las dudas de los ayuntamientos a la hora de aplicarla.

Esta tasa tendrá una parte fija y otra variable. Tal y como explica Anglès, la ley indica que «cada usuario tendría que contribuir en función de su generación real de residuos», algo complejo. Y es que entran muchos factores en juego. Deberá calcularse «en función de la cantidad y tipo de residuo, combinado con la frecuencia de uso y otras circunstancias personales de los contribuyentes». En este sentido, añade que, «aunque el objetivo es tributar en función de la basura que se genere, se podrían introducir, por ejemplo, criterios de capacidad económica de los contribuyentes».

Pero no será la única variable ya que esta tasa tiene como objetivo «destinarse íntegramente al pago del servicio» de recogida y tratamiento de basuras. Es decir, el presupuesto de cada Ayuntamiento en este servicio también entra en la ecuación. «De modo que, hasta que cada ayuntamiento no haga sus cálculos, no será posible saber cómo afectará el aumento a cada contribuyente, ni tampoco fijar rangos dado que hablamos de más de 8.000 municipios en toda España», sentencia Anglès.

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¿Cómo sabrán los residuos que generamos?

Anglès Juanpere señala que «existen varios métodos para conocer la cantidad de residuos generados, ya sea mediante la recogida puerta a puerta o mediante contenedores inteligentes«. Aunque parece que la administración no tendrá porqué conocer al detalle cuántos residuos generamos para implantar esta tasa.

Ignasi Puig Ventosa, consultor de Medioambiente que participó en las jornadas de la Mancomunidad del Sur, añadía que también se puede implementar una bonificación por participación, o la creación de una bolsa de basura estandarizada: «el ayuntamiento solo recoge un tipo de bolsa que suministra él y cuya compra incluye la parte variable del pago de la tasa».

Habrá problemas en los primeros años

Al ser tan compleja, se prevé que habrá problemas en su implantación en los primeros años. Y es que hay muchos precedentes de que las tasas recién aplicadas pueden ser anuladas. La mayoría, por fallos en la justificación económica de las ordenanzas. Su anulación obligaría a los Ayuntamientos a devolver el dinero cobrado. Por eso, los ayuntamientos quieren estar muy seguros antes de implantarla: «el temor de los ayuntamientos de que pueden sufrir graves problemas económicos si se encuentran en este supuesto es más que fundado».

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