El Gobierno de Leganés será denunciado por prevaricación

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Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Leganés | Foto: Amanda Silva
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El Pleno ha aprobado dos expedientes con informe desfavorable en el que Intervención denuncia que ha habido una contratación verbal, prohibida por ley.

ULEG, Partido Popular y Unidas Podemos estudian denunciar la contratación irregular de dos servicios por parte del Ayuntamiento que han sido pagados a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito. Los hechos han ocurrido en un Pleno extraordinario que, al igual que ocurriera con el anterior, no ha sido emitido en directo por la empresa LGMedios sino que ha sido grabada por los técnicos para ser posteriormente publicada.

Ambas contrataciones han sido marcadas con un informe desfavorable por parte de intervención municipal, quien remarca la prohibición a los Ayuntamientos de realizar contrataciones verbales, como ha sido el caso. Desde PP Leganés se ha destacado el carácter de ilegalidad de estas contrataciones justificando su voto en contra, el mismo que han emitido Podemos, ULEG y VOX quienes han acusado a Ciudadanos de ponerse de perfil con su abstención.

Artículo 37 de la Ley de Contratos del Sector Público. Carácter formal de la contratación

1. Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 120.1, carácter de emergencia.

«Ciudadanos se abstiene porque no tiene suficientes elementos de juicio para condenar previamente a quien no puede condenar», explicaba su portavoz, quien señalaban que las ausencias de dos concejales de ULEG, provocadas por el tiempo vacacional en el que se está actualmente, hacían que la oposición no tuviera fuerza suficiente para tirar estos expedientes.

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Precisamente, la aprobación de estos expedientes, a pesar de conocer que incumplen una ley estatal, podrían incurrir en prevaricación por lo que PP, ULEG y Unidas Podemos estudian llevar a los tribunales al Gobierno y a todos los concejales que ayudaran a que saliera adelante, por prevaricación. «Los delitos de prevaricación se pueden hacer por acción o por omisión», recordaba el portavoz de ULEG a los ediles de Ciudadanos.

«Es verdad que hay una serie de expedientes que llevan el informe desfavorable de la Intervención», explicaba el alcalde de Leganés que recordaba que no es el primer expediente que se aprueba con estas características, poniendo como ejemplo los expedientes de sus nóminas. «Para dar ejemplo, creo que el señor Delgado, la señora Benito, Tejero, los señores del PP, Unidas Podemos… este mes devolvieran su nómina. Para dar ejemplo. O que la lleven al juzgado y que no hagan demagogia».

«Lo que es manifiestamente ilegal es lo que lleva un reparo suspensivo. Un informe desfavorable es una diferencia de criterios entre la Intervención y los técnicos municipales. Eso no quiere decir que sea ilegal sino que la Intervención no está de acuerdo con cómo se ha llevado a cabo».

Santiago Llorente, alcalde de Leganés

Pagos de más de seis meses de espera

Estos no han sido los únicos expedientes que se han visto en este Pleno extraordinario donde los concejales de la oposición han criticado nuevamente la gestión del Gobierno local. Y es que muchos se han llevado las manos a la cabeza ya que algunos de ellos han tardado un año en llegar a Pleno.

Por un lado, se ha aprobado el pago de la ITV de un vehículo de Policía Local en el mes de mayo que «quedó sin poderse efectuar por problemas burocráticos de la delegación», según ha declarado la concejala de Hacienda, Elena Ayllón, en la sesión plenaria. Actualmente, la concejalía pretende evitar que vuelva a ocurrir elaborando un pliego conjunto para todos los coches del Ayuntamiento.

Por el otro, el evento cultural realizado en diciembre de 2018 por la Junta de Distrito de Zarzaquemada que «quedó pendiente por un problema con la empresa, puesto que no tenía en regla toda la documentación que se le solicitó en su momento», un hecho que no evitó que fuese contratado sino que retrasó la formalización del contrato. «No es normal que se empiece a efectuar en enero de 2019 y se traiga a Pleno un año después. No entendemos esa dejadez con respecto a ese expediente»

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