Imagen de Solagua. Foto: Google Maps

Las declaraciones del alcalde de Leganés sobre los nuevos pisos de EMSULE y quiénes serán sus beneficiarios, han sido criticadas por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid.

Desde que el Ayuntamiento de Leganés anunció la construcción de 668 viviendas protegidas se ha disparado la polémica. La posible finalidad de ‘integración social’ despertó las críticas de los partidos de la oposición señalando que podría haber ‘realojos’ lo que, a su parecer, generaría delincuencia temiendo que se convierta en un ‘narcobarrio’. Sin haber determinado aún las condiciones de acceso a estas viviendas, Santiago Llorente respondía a estas críticas en un vídeo que estas viviendas irán destinadas a personas “con trabajo estable y en ningún caso se destinará a población de realojo ni se adjudicará a personas o familias usuarias de los Servicios Sociales”.

Esta intervención ha levantado críticas por parte del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid quienes han escrito una carta abierta al alcalde de Leganés. En ella le recuerdan que los Servicios Sociales atienden numerosas situaciones críticas de personas que han perdido su vivienda o están a punto de perderla, pero que no pueden ir más allá. “Ante la falta de respuesta de las políticas de vivienda y de sus responsables públicos en esta situación crítica, los Servicios Sociales están tratando de dar una respuesta en la que carecen de instrumentos, como si de tuvieran que reconvertirse en una especie de inmobiliaria social improvisada ante la pasividad de los departamentos de Vivienda”.  

El sistema de adjudicación de vivienda pública es un sistema focalizado, en el que solamente puede acceder a la vivienda social la población que el mercado excluye, marcando determinados límites de ingresos y combinando un modelo de carácter generalista con uno restringido (con normas específicas dirigidas a determinados grupos vulnerables).

— Colegio Oficial de Trabajador Social de Madrid

En este sentido, critican que las declaraciones de Llorente no hacen sino favorecer la aporofobia con la que justifica la exclusión y alimentar estigmas. “No se puede excluir de la vivienda pública, a quienes deben ser su objetivo prioritario: que presentan una gran vulnerabilidad social, al carecer de una vivienda digna y estable”, sin la cual es imposible mantener una vida adecuada. Además, “este tipo de comentarios, alimentan los estigmas hacia las personas o familias que acuden a los Servicios Sociales, y hacia la población de realojo, y nutren el miedo y el rechazo”, indican desde el Colegio.

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