El Sáhara Occidental fue colonia española desde 1885 hasta 1975, llegando a ser la provincia 53 del país desde 1958. Pese a que fue ocupada por Marruecos en 1975 con la resistencia del Frente Polisario, España no ha dejado de ser considerada potencia administradora de un territorio pendiente de descolonización por parte de Naciones Unidas. Desde entonces hubo guerra hasta el año 1991, año en el que ambas partes firmaron un alto al fuego con la intención de celebrar un referéndum de autodeterminación.
Pero dicho referéndum después de treinta años sigue sin celebrarse y desde 2005 Marruecos cambio su postura para pasar a ofrecer una autonomía para el Sáhara contraviniendo la legislación internacional que se ha pronunciado en incontables resoluciones de las Naciones Unidas en favor de un referéndum de autodeterminación.
De hecho el Tribunal de Justicia de la UE manifestó en su decisión del 10 de diciembre de 2015 que el Sáhara Occidental “no está incluido dentro de las fronteras internacionales reconocidas de Marruecos (punto 232), que el Reino de Marruecos no tiene ningún mandato de las Naciones Unidas o de otro organismo internacional para administrar el Sáhara Occidental (punto 233) y “que la soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara Occidental es nula y no está reconocida por la UE ni por sus estados miembros, ni por las Naciones Unidas” (punto 241). Esta sentencia volvió a ser ratificada por el TJUE el 29 de septiembre de 2021 de manera muy clara: los territorios del Sáhara Occidental son diferentes a los de Marruecos y el beneficio de sus actividades económicas debe recaer en su pueblo.
Ante una situación que merece un enfoque amplio, responsable y de diálogo dentro de las líneas marcadas por las Naciones Unidas, la posición del gobierno de España ha de ser de clara neutralidad. De hecho, esa postura de neutralidad para mediar entre las partes le llevó a integrar el grupo de amigos del Sáhara Occidental en Naciones Unidas junto con cuatro de los cinco países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (EE. UU., Rusia, Reino Unido, Francia y España).
Cualquier solución que se busque al conflicto debe cumplir con lo recogido en la Resolución 2602 del Consejo de Seguridad de la ONU de 29 de octubre de 2021, reafirmándose en el compromiso de alcanzar una política justa, duradera y aceptable por todas las partes implicadas.
Las recientes declaraciones del Presidente del Gobierno, filtradas a prensa el viernes 18 de marzo y posteriormente reconocidas en rueda de prensa por el Ministro de Asuntos Exteriores, reconociendo una autonomía para el Sáhara van en contra de todo lo anteriormente expuesto y refuerzan la postura que busca Marruecos para ese territorio. Dichas declaraciones no representan el consenso del Gobierno de España ni del pueblo español en torno a la neutralidad en este conflicto y traicionan al propio pueblo saharaui, a la sociedad española y al Gobierno de coalición, contraviniendo el derecho internacional y abonando el ambiente de inestabilidad que afecta a dicha zona.
