El Ayuntamiento de Leganés ha sido uno de los más beligerantes con la Comunidad de Madrid con motivo de su actuación en las residencias de mayores durante la pandemia. El municipio fue uno de los más afectados debido a la alta densidad de residencias con las que contamos que ya denunciaban deficiencias en el mantenimiento y el personal desde 2018 y que se mantienen a día de hoy.
Desde la primera ola de la pandemia, el Ayuntamiento exigió a la Comunidad de Madrid que se medicalizaran las residencias para ofrecer una mayor garantía sanitaria a los residentes, una decisión que avaló la justicia obligando al Gobierno regional. Sin embargo, ahora el Tribunal de Justicia de Madrid que no hubo «inactividad» y que se atendió a los principios de “necesidad, apreciación discrecional por la autoridad y proporcionalidad”, según publica Infolibre.
Se trata de un elenco de facultades o posibilidades de actuación cuya concreción o materialización en cada caso implica el ejercicio de una actividad puramente discrecional, que deberá adoptarse en función de la disponibilidad de recursos y la valoración de las necesidades concurrentes en toda la Comunidad de Madrid
Parte del fallo recogido en El País
Una sentencia que el Ayuntamiento de Leganés ha calificado de «injusta» y que anuncia que van a recurrir ante la siguiente instancia judicial. «El Ayuntamiento de Leganés no está para nada de acuerdo con esta decisión y vamos a continuar litigando contra la Comunidad de Madrid y exigiendo justicia para todas las familias», asegura el alcalde de Leganés en declaraciones a la prensa.
Así, el Ayuntamiento volverá a ir a los tribunales con el objetivo de que sean depuradas las responsabilidades en el Gobierno regional e investigadas. Sobre todo se hace hincapié en las decisiones sobre los traslados a los hospitales en los bautizados por el PSOE como «protocolos de la muerte»; unos protocolos de la Consejería de Sanidad que negaban el traslado a los más mayores o residentes con patologías crónicas.
Cabe recordar que el TSJM también desestimó en primera instancia la demanda de medicalización de los centros en 2020, para más tarde ser estimada por las instancias superiores exigiendo la medicalización a la Comunidad de Madrid. No obstante dos de las magistradas han emitido un voto particular en contra de esta decisión, las mismas que emitieron las medidas cautelarísimas para que el Gobierno regional aumentara los medios médicos de los centros.
