Con dos trabajos, tres hijos y sin acceso a una vivienda digna

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Marita es madre soltera de tres hijos, de 30 años, y lucha por conseguir un alquiler social tras haber sido engañada

La pandemia ha dado un vuelco a la vida de muchas familias aunque Marita nunca se imaginó ser una de ellas. Esta joven de 30 años convivía con sus tres hijos y su pareja, padre del menor de ellos, hasta que tras el confinamiento la relación se rompió, lo que hizo que ella y los menores salieran del piso que compartían para buscar una nueva casa.

«Yo buscaba alquiler, puse un anuncio en Facebook y una persona me contactó por privado para ofrecerme una casa. Me enseñó este piso que me dijo que era de una mujer mayo y él era el intermediario, como nos gustó le di los 3 meses de fianza que me pidió y me dijo que volvería a mes a mes para cobrar», explica Marita a Leganés Activo. Pero el hombre no volvió. En su lugar apareció una trabajadora de la SAREB asegurando que el piso era del banco: había sido estafada.

En ese momento comenzó una negociación. La SAREB estudió su caso: madre soltera con tres menores en edad escolar y un trabajo cuidando a personas mayores que la garantiza un ingreso fijo cada mes aunque insuficiente para acceder a un alquiler comercial. «Ahora que los niños han empezado el cole me he apuntado a una Empresa de Trabajo Temporal y estoy por las tardes en una fábrica. Incluso así no me alcanza para pagar un alquiler porque el más barato no baja de 700€».

Marita realiza las labores de la casa para toda la semana en su única mañana libre de la semana. Foto: Aroa Díaz

«Todos los suministros están a mi nombre, yo pago todo a tiempo y no tengo ninguna deuda, pero no puedo asumir un alquiler de 700€»

Marita, madre soltera
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Afortunadamente el banco aceptó otorgarla un alquiler social, estudiando su caso, pero la pasada semana todo se torció: recibió una orden de desahucio. «Me entró mucho miedo. Mi abogado registró un escrito por vulnerabilidad y la SAREB dijo que habían pedido que se parara, pero la jueza no quiso pararlo». Tanto fue así que el lunes hasta tres furgones de Policía Nacional se presentaron en su puerta: «fueron muchas emociones, mis hijos estaban nerviosos porque no quieren irse, tienen el colegio al lado y la jueza no quería pararlo». Finalmente, minutos antes de la hora a la que se llevaría a cabo el desahucio, los agentes se fueron: se paralizaba.

Sin ayudas por parte del Ayuntamiento de Leganés

Desde aquel momento, Marita no respira tranquila. A pesar de las promesas del banco, ha buscado una solución por otras vías. «Aún estoy a tiempo de pedir ayudas para jóvenes y fui al Ayuntamiento pero te piden ingresar un mínimo de 1.500€ para poder acceder a una vivienda, y ni con los dos trabajos llego». Y es que, en lugar de ofrecer alquileres bajos, la oficina de alquiler joven del Ayuntamiento de Leganés solo busca que el alquiler suponga un máximo de un 40% de los ingresos del inquilino, siendo estos de un mínimo de 600€ al mes.

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Por otro lado, Marita también acudió a Servicios Sociales donde la negaron un piso: «me dijeron que ellos no tienen ningún piso para poder ofrecer a gente como en mi caso». Una situación que la hizo sentir totalmente desamparada ante el mercado del alquiler.

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Ahora, esta familia reza para que la SAREB les conceda finalmente el alquiler social que necesitan, puesto que es su única salida ya que no tienen familia en España con la que poder refugiarse: «mi madre trabaja de interna, ni siquiera tiene una casa, vive donde trabaja y en su día libre viene con nosotros».

Desde la PAH se muestran optimistas ante esta negociación aunque, como la afectada, estarán atentos por si el aviso de desahucio se vuelve a activar antes de haber cerrado los papeles del alquiler social.

Aroa Díaz
Aroa Díaz
Periodista. Directora de Leganés Activo, experta en política de Leganés, escribe de la actualidad social, política y cultural del municipio desde hace una década.

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Irene Suárez
Irene Suárez
2 años

e gustaría compartir la información que manejo sobre este caso en particular. Quizás no hayan podido disponer de toda la información y tengan solo una versión sesgada de la situación, por ello, para que tengan otro punto de vista, les escribo estas líneas.
Marita no es propietaria del piso en el que esta viviendo. Marita accedió a este piso en 2019 contratando los servicios de una mafia dedicada a facilitar el acceso a viviendas para su ocupación. En aquel momento esta vivienda del Sareb estaba siendo visitada por varios potenciales compradores, que finalmente no pudieron acceder a la vivienda debido a la ocupación irregular de esta persona. El piso ocupado por Marita es un ático-duplex de aproximadamente 140 m2, 4 habitaciones, 3 baños y una terraza de aproximadamente 30 m2. Como pueden observar no es una vivienda básica en la que alguien desesperado se mete para no quedarse en la calle con su familia. Sin duda una vivienda de estas características es la más propicia para poder subarrendar habitaciones con baños independientes y poder sacar una mayor rentabilidad a la ocupación de la vivienda, como así esta sucediendo estos tres últimos años. Por esta vivienda, además de Marita, sus parejas y sus hijos, han convivido decenas de inquilinos que han ido rotando por el piso. En algunas ocasiones esta rotación era de meses y otras de semanas, las llaves de este portal las deben tener decenas de personas. Durante este tiempo han sido varias las ocasiones en las que la propia Marita ha tenido que llamar a la policía para que interviniera en su vivienda para el desalojo de algún inquilino con el que terminaba discutiendo.
En cuanto a la información que manejan sobre los menores que habitan en ese piso, no es cierto que vivan continuamente ahí. En realidad, pasan algunas temporadas, pero su presencia no es constante, lo puedo asegurar porque cuando están se les ve por la comunidad y se les escucha de forma notable en su casa.
Entiendo que desde fuera parezca que la situación de esta persona con su descendencia sea precaria, pero cuando compruebas que en lugar de transporte publico se desplaza en VTC, tiene contratada conexión de fibra y dispone de un nivel de vida acomodado, te hace recapacitar sobre si realmente está padeciendo una situación real de precariedad económica.
Creo que realmente una persona que lleva el nivel de vida de Marita, ocupa ilegalmente una casa haciendo uso de mafias de ocupación y subarrienda habitaciones para su lucro, no es una persona que precise de su apoyo. Creo que también se debería tener en cuenta que desde la ocupación de esta vivienda los problemas de convivencia son evidentes con un intenso trasiego de personas extrañas, suciedad en las zonas comunes, ruidos a deshoras y una percepción de inseguridad importante para toda la comunidad.

Celia Vicario
Celia Vicario
2 años
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De pobrecita Marita nada , tenemos una inseguridad en la Comunidad desde que Marita está ocupando una vivienda que está alquilando habitaciones y dando llaves a todos con la Pandemia estamos con está inseguridad. Nunca había venido la Policía y desde que está ella viene a menudo por los escándalos de los que alquila las habitaciones . Ha esas personas que le Dan tanta pena de Marita que se las lleven a sus casas y les alquilen sus habitaciones , haber si les sigue dando pena Marita.

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